Economistas y fiscalistas reclaman a la ministra de Hacienda cambios de urgencia en los impuestos

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y el del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, Jesús Sanmartín, han enviado una carta abierta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiendo reformas fiscales de urgencia para que las empresas puedan afrontar la crisis del coronavirus.

«Creemos que se debería dar un paso más en algunos aspectos», avisan. Con un tono conciliador, avisan que «seguro que se pueden arbitrar muchas soluciones técnicas, y todas tendrán ventajas e inconvenientes, pero nosotros vamos a atrevernos a apuntar una».

Los economistas y los asesores fiscales piden, en primer lugar, «la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicha norma, estableciendo un segundo vencimiento alternativo hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se amplíe hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliará por los días que exceda de dicha fecha».

De esta forma, explican, «los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo y, si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago 6 meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020».

Destacan que con esta medida «el Estado solo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes, y se obviarían los problemas que tienen las empresas para confeccionar sus declaraciones debido a las restricciones a la movilidad vigentes durante el estado de alarma».

Impuesto sobre Sociedades

En segundo lugar solicitan «que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades puedan modificar la opción de cálculo del pago fraccionado del impuesto al presentar la declaración del primero de ellos».

Esta medida, a su juicio, «permitirá adecuar los pagos fraccionados de 2020 a la base imponible de ese ejercicio, también para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado los 6 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio».

Explican que parten «del reconocimiento de que la situación es muy difícil, que son muchas las necesidades que hay que atender, empezando por el ingente gasto sanitario» y admiten que el Gobierno ha actuado «taponando vías de agua, con el objetivo de que el problema sea transitorio y no se cronifique cuando se pueda retomar la actividad».