Guindos negocia con el PSOE y los nacionalistas la subida fiscal de 6.000 millones prometida a la UE

La cuenta atrás ha comenzado para el Ministerio de Economía, que debe pactar con el PSOE y/o con los partidos nacionalistas la reforma del Impuesto de Sociedades prometida a Bruselas para cerrar la brecha fiscal de este año en 6.000 millones de euros. El titular del departamento en funciones, Luis de Guindos, está ultimando ya los detalles de un decreto ley para llevar a cabo la modificación normativa, junto con los responsables del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.

Según han confirmado fuentes gubernamentales a OKDIARIO, ante la imposibilidad de seguir los trámites habituales por el bloqueo político del líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la investidura de Mariano Rajoy, el Gobierno ha acudido a los servicios jurídicos de Moncloa para establecer una hoja de ruta que minimice el impacto que tendrá la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, lo que presionará las cuentas públicas y arriesgará el cumplimiento de los objetivos de déficit público acordados con la Comisión Europea.

La medida más urgente para reducir la brecha fiscal del presente ejercicio es la reforma del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, que fue suprimida este año y que ha causado un grave perjuicio en términos de recaudación. Según el borrador del texto, que ya ha trasladado el Gobierno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) el nuevo tipo superará el 20% y tendrá carácter permanente. Si no se pone en marcha en los próximos meses el déficit público escalará al 4,7% del PIB, frente al 4,6% pactado con Bruselas en su última revisión del calendario ofrecido a España.

La fórmula escogida por el Gobierno para poner en marcha la reforma es del decreto ley, lo que implica que, tras su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para que sea convalidado, tal como establece el artículo 86 de la Constitución. Una vez que se fije una fecha, se elaborará un orden del día para el Pleno del Congreso, en el que se incluya la propuesta y, tras el debate pertinente, se procederá a la votación. Para que sea convalidado el decreto ley deberá ser respaldado por la mayoría simple de la Cámara.

Esto supone que la situación será similar a la del debate de investidura, ya que el arco parlamentario tendrá la misma composición que no permitió a Mariano Rajoy recabar los suficientes apoyos para ser presidente del Gobierno.

La diferencia es que, en este caso, la capacidad para del PSOE para votar ‘no’ será limitada, ya que la reforma supone un castigo fiscal a las empresas, algo que va en línea con el programa económico del partido de Pedro Sánchez. De hecho, los socialistas prometieron expresamente durante la campaña elevar los impuestos a las empresas mediante una reforma del Impuesto de Sociedades, y eso es, justo, lo que pretende ahora el Gobierno en funciones.

En el caso de que el PSOE se niegue a apoyar la convalidación del decreto ley, como anunció que haría con los Presupuestos sin conocerlos entonces deberán ser los partidos nacionalistas los que apoyen al Gobierno, porque en caso contrario el desfase fiscal rondará los 7.000 millones de euros para este año y España deberá afrontar las consecuencias de una multa o de la congelación de fondos estructurales. En ambos casos se producirá una reducción del dinero del que dispondrán los gobiernos regionales, por lo que votar en contra del decreto ley será tirar piedras sobre su propio tejado.