El drama del alquiler comercial durante el coronavirus: ¿puedo dejar de pagarlo?

Miles de negocios luchan por sobrevivir durante el estado de alarma decretado por el coronavirus. Llevan más de un mes cerrados, y la falta de ingresos hace que cada vez sea más complicado pagar las facturas de la luz, del agua o el alquiler. La inacción del Gobierno en materia de arrendamientos comerciales ha hecho que muchos inquilinos se pregunten si pueden solicitar la suspensión o la reducción de la renta.

Lo cierto es que ni la legislación vigente ni las últimas medidas aprobadas por el Gobierno contemplan esta posibilidad. Sin embargo, las empresas sí que podrían apelar a la cláusula rebus sic stantibus, avalada por la Sala primera del Tribunal Supremo, que permite modificar los contratos de arrendamiento si hay una alteración sustancial de circunstancias de manera imprevista.

«Esta cláusula indica que los Tribunales pueden considerar legítima la reducción de la renta inicialmente pactada para ciertos negocios, aunque siempre en función de las circunstancias concretas de cada caso”, explican los expertos de Lefebvre.

Pero, ¿el estado de alarma cumpliría con los requisitos que marca el Supremo?  “Sin ninguna duda», dice Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí. «Fue totalmente imprevisible y supone una alteración extraordinaria porque te suspenden el vuelo, te cancelan la boda, te cierran o impiden que tu público pueda acudir a tu negocio”, señala.

El experto explica que el objetivo de la cláusula rebus sic stantibus es buscar el reequilibrio de las prestaciones. «Por eso, lo primero que hay que hacer es tratar de reajustar el contrato y si esto no es posible, resolverlo”.

Aunque la cláusula rebus podría ser una alternativa legal para reducir o suprimir el alquiler, cabe recordar que también hay resoluciones del Tribunal Supremo que rechazan aplicar la cláusula de forma generalizada en supuestos de crisis económica.

El comercio exige medidas 

Las principales organizaciones de comercio (CEC, Anceco, Amicca, Comertia, Acotex, Eurelia y Fede) han pedido al Gobierno que tome medidas para negociar quitas o rebajas de las rentas.

Los comercios quieren que el Ejecutivo estudie nuevos métodos para calcular los costes de arrendamiento y que la norma se tenga en cuenta desde el inicio del estado de alarma y -al menos- hasta los seis meses siguientes a su terminación.

Además, han pedido revisar y adaptar la Ley de Arrendamientos Urbanos, que consideran «obsoleta» respecto a los comercios a nivel de calle como dentro de los centros y áreas comerciales.