Un decrecimiento insostenible, el harakiri normativo a los centros de datos

Los datos son el petróleo del siglo XXI en un mundo digital como el nuestro. Y el Gobierno de España con su sectarismo ideológico está a punto de acabar con la gran oportunidad para posicionarnos a la cabeza de la inteligencia artificial creando además miles de empleos cualificados.

Lo hace impidiendo el desarrollo de la infraestructura necesaria para la gestión de los datos de las grandes compañías mediante una normativa que impedirá el desarrollo de los nuevos centros de datos que se trasladarán a nuestros países vecinos.

Es otro caso de suicidio geoeconómico de libro. Cuando nuestras condiciones geográficas son impresionantemente favorables para liderar esta revolución tecnológica que el Gobierno español quiere anular proclamando un insostenible decrecimiento vía regulación, tal y como pudimos constatar en la mesa con inversores en un interesante evento sobre Proyectos estratégicos y territorio celebrado en Estepona hace unos días.

España se ha consolidado como un enclave estratégico para el sector de los centros de datos, con un verdadero boom inversor que atrajo más de 34.100 millones de euros captados durante el año 2024 por proyectos pilotados por Microsoft, Amazon Web Services y otras grandes empresas tecnológicas gracias a una posición geográfica privilegiada y a la conectividad a través de cables submarinos de fibra óptica.

Nuestro territorio alberga actualmente alrededor de 28 puntos de desembarco para estos cables, con casi 40 cables en el total de la Península Ibérica si incluimos nuestra vecina Portugal. Una actividad generadora de empleos tecnológicos que posiciona a España como líder en el sur de Europa, con un crecimiento del 83% en este sector desde el año 2016.

Desde un punto de vista geopolítico, nuestro país refuerza la soberanía digital de la Unión Europea, dependiente de cables para el 99% de los datos internacionales que manejan las empresas del continente.

Los cables submarinos, que transportan más del 95% del tráfico de datos global, conectan España con regiones como América del Norte, América Latina, África y Asia. Ciudades como Bilbao, Barcelona y Valencia son nodos críticos para estos cables, con infraestructuras como el cable Marea, que une Bilbao con Virginia Beach (EEUU), con una capacidad de 200 Tbps, operado por Meta y Microsoft y proporciona una conexión de alta capacidad y baja latencia para la transmisión de datos esencial para servicios en la nube y aplicaciones de alta demanda.

Otros cables como Grace Hopper de Google que une Nueva york con Sopelana (Bilbao) y Reino Unido, el cable 2Africa el más largo del mundo con 45.000 km, que aterriza en Barcelona y conecta a 33 países africanos, Europa y Oriente Medio, con 180 Tbps de capacidad.

El cable Medusa, pan-mediterráneo de 8.760 km, que une Portugal con Egipto vía España, Barcelona y Valencia, Marruecos y el Orval/Almendia que conecta Valencia con Argelia y Melilla. El cable Anjana, un cable de Meta de 480 Tbps entre Myrtle Beach (EEUU) y Santander, operativo desde 2024. Y finalmente el cable EllaLink que enlaza Brasil y Portugal con España, facilitando los flujos de datos con América de Sur

La redundancia que ofrecen los múltiples puntos de aterrizaje de cables submarinos en la costa española, reduce el riesgo de interrupciones y garantiza una mayor resiliencia en las comunicaciones globales. España es un hub atractivo para empresas que requieren infraestructuras digitales robustas, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, el big data y el streaming.

Esta combinación de conectividad avanzada, ubicación estratégica y un entorno favorable para la inversión estaba posicionando a España como un gran líder emergente en el mercado global de data centers. La creciente demanda de servicios digitales y la necesidad de infraestructuras cercanas a los usuarios finales señalaban a nuestro país como un punto focal para el desarrollo de este sector en los próximos años.

La ubicación permite conexiones «ciudad a ciudad» de centro de datos a centro de datos con una latencia mínima, esencial para inteligencia artificial, la computación en la nube y las finanzas.

Desde el punto de vista geoeconómico, representan un «nodo» en las cadenas de valor digitales, atrayendo inversiones extranjeras directas de gigantes como Google, Meta, Microsoft o Amazon, que generan un empleo cualificado de hasta 20.000 puestos directos en España según estimaciones del sector y nos posicionan en redes de innovación transfronterizas.

España, con su clima mediterráneo ideal para refrigeración eficiente, una fibra óptica de alta densidad, líder en Europa por cobertura y proximidad a hubs como Frankfurt o Ámsterdam, tiene un potencial geoeconómico elevado para captar hasta el 15% de la inversión europea programada en esta infraestructura valorada en 200.000 millones de euros hasta 2030.

En resumen, la geoestrategia de España transformaba nuestra posición periférica en un activo central, una «encrucijada digital crítica» que estaba soportando muy bien el auge de los centros de datos al garantizar una conectividad global resiliente y eficiente.

Pues bien, la empresa pública Redeia que gestiona la red eléctrica de España acaba de hacer saltar todas las alarmas al advertir del riesgo de un nuevo apagón en negro como el que vivimos el 28 de abril pasado. El daño sobre el sector inversor está hecho, dado que ante esta incertidumbre prefiere replegarse a la espera de la evolución de los acontecimientos o incluso buscar otros destinos de la inversión.

Pero en España, tenemos sobretodo un problema adicional regulatorio para posicionarnos como líderes en el sector de las infraestructuras digitales.  Me refiero al Proyecto de Real Decreto en audiencia pública durante agosto de 2025 y publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que dice transponer la Directiva 2023/1791 en materia de eficiencia energética, enfocándose en los centros de datos con una demanda de potencia superior a los 500 kW.

Aunque su objetivo declarado es promover un desarrollo «sostenible» de estos centros, sus disposiciones sectarias imponen unas barreras muy significativas que, desde una perspectiva geoeconómica, van a paralizar la expansión de los centros de datos, limitando nuestro papel en la carrera global por la inteligencia artificial.

Los centros de datos son infraestructuras críticas para la inteligencia artificial, ya que procesan volúmenes masivos de datos mediante algoritmos de machine learning y redes neuronales, consumiendo hasta el 3,21% de la demanda eléctrica de la UE para 2030.

La Comunidad de Madrid que concentra el 54% de la potencia instalada en España alerta de que la nueva regulación podría reducir las inversiones en un 75% pasando de 58.000 a 12.500 millones de euros hasta 2030, afectando al empleo de hasta 77.000 puestos indirectos e innovación. España tiene más de un centenar de data centers con más de 1.000 MW de capacidad instalada.

Analicemos las restricciones que van a erosionar nuestra posición estratégica. El borrador propuesto condiciona el acceso a las redes eléctricas y a las licencias al cumplimiento de unos requisitos de eficiencia, de uso de renovables, de minimización de consumo de agua y reutilización obligatoria de calor residual presentando un análisis de costes-beneficios favorable que deberá ser ratificado por las comunidades autónomas.

Estas nuevas barreras normativas y administrativas van a ralentizar el establecimiento de nuevos centros de datos al priorizar la sostenibilidad sobre la velocidad de despliegue, en un contexto donde la inteligencia artificial requiere una escalabilidad rápida para competir con los EEUU, líder mundial con el 40% de los centros de datos globales.

El Real Decreto exige un análisis previo de viabilidad para la reutilización de calor residual, evaluando distancias a consumidores locales como los distritos de calefacción urbana, justificando los impedimentos solo por «razones imperiosas de interés general».

Esto favorece ubicaciones urbanas densas como Madrid o Barcelona, donde la demanda de calor es alta y las redes de distribución existen, pero penaliza las regiones periféricas o rurales que son precisamente las que tienen mayor disponibilidad de suelo y energías renovables como la solar en Andalucía o eólica en Aragón.

Desde el punto de vista geoeconómico, España pierde su atractivo frente a países como Irlanda con bajos impuestos y clima fresco, atrayendo el 25% de los centros de datos europeos o los Países Bajos que ya cuenta con una infraestructura de calor residual madura.

El énfasis de la normativa en la eficacia hídrica y refrigeración sostenible choca con la escasez hídrica en el sur forzando relocalizaciones hacia un norte húmedo. Esto no solo ralentiza las expansiones con plazos de entre 3 y 5 años para las adaptaciones, sino que reconfigura los flujos geoeconómicos. En lugar de crear un «hub peninsular» integrado, España se fragmenta en enclaves aislados, reduciendo su conectividad en redes europeas de datos soberanos.

En cuanto a las implicaciones económicas, barreras a la Inversión y la competitividad en inteligencia artificial, el RD actúa como un «filtro» que eleva el coste de entrada, potencialmente desviando las inversiones hacia jurisdicciones menos restrictivas.

La regulación propuesta atomiza localmente el desarrollo de los centros de datos, priorizando la eficiencia local sobre una expansión nacional, lo que podría ceder terreno a competidores como Portugal con un clima similar, pero con regulaciones más flexibles, debilitando la proyección geoestratégica de España en el Mediterráneo digital.

El análisis de reutilización de calor incluye evaluaciones socio ambientales, ratificadas por las Comunidades Autónomas, lo que añade una burocracia adicional con una media de entre 12 y18 meses de tramitación.

Impacta directamente en la inteligencia artificial dado que el entrenamiento de modelos como GPT-4 requiere centros de datos de más de 500 MW, y los retrasos podrían costar entre 500-1.000 millones de euros en oportunidades perdidas, según informes de la Comisión Europea.

España, podría ver una caída de hasta el 30% en inversiones directas si los inversores optan por Francia con subvenciones verdes o Alemania que posee redes resilientes.

El consumo proyectado por la UE, del 2,7% en 2018 a 3,21% en 2030, tensiona la red española, ya al 80% de su capacidad en los picos, pero en lugar de incentivos, el RD impone cargas, potencialmente elevando tarifas eléctricas entre un 5 y un 10%, reduciendo la rentabilidad unos dos puntos.

Esta regulación adopta un enfoque «verde primero» que, geoeconómicamente, posiciona a España como un actor cauteloso en la geopolítica de la IA, priorizando metas climáticas insostenibles económicamente sobre el liderazgo digital.

El resultado es desastroso para nuestra economía digital, creando un desarrollo de centros de datos fragmentado y lento, que limitará la expansión de IA al condicionar las inversiones a criterios ambientales muy estrictos, aumentando las brechas regionales y cediendo una parte de su actual cuota de mercado europea, decreciendo del 8% actual al 5% en para 2030.

Frente a este harakiri normativo sería recomendable proponer incentivos fiscales para la implantación de centros de datos en las regiones periféricas con renovables excedentes y la simplificación del requisito del análisis de calor vía plataformas digitales de la UE. Sin estos cambios, España se quedará fuera de la «nueva división internacional del trabajo» digital, donde la inteligencia artificial esta redefiniendo el poder geoeconómico.

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José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.