Los deberes que Europa pone a España para que lleguen las ayudas a fondo perdido

Tras cinco jornadas de intensas negociaciones en sede comunitaria, muchos son los españoles que se preguntan qué ha sido lo que han hablado los distintos mandatarios en Bruselas para que tantos economistas -así como profesionales muy ligados al mundo político y económico- estén continuamente hablando sobre la pasada cumbre europea.

En resumen, el conjunto de países europeos ha aprobado la dotación de recursos a través de un fondo de reconstrucción. Integrado en el marco presupuestario plurianual y en adición a las distintas ayudas que dotan a este marco con más de un billón de euros.

Esto permite la llegada de 750.000 millones de euros a los distintos países para, en función del impacto de la pandemia en su economía. Hacer frente a una crisis que, atendiendo a los pronósticos, prevé provocar una de las mayores contracciones económicas de la historia de la Unión Europea, siendo, incluso, la mayor.

Sin embargo, los desequilibrios que presentaban las distintas economías que integran el bloque comunitario, así como esas asimetrías en la gestión pública pasada, dejan un escenario tenso para la llegada de las ayudas. Tanto es así que el Consejo Europeo ya ha aprobado, de la misma forma que con las ayudas, la llegada de una condicionalidad rigurosa para supeditar la llegada de capital a los países interesados.

Una condicionalidad que permite a los países miembros vetar a aquellos que, haciendo uso de la ayuda que ofrece Europa, pretendan seguir ensanchando el compromiso político mediante el aumento de gasto público. De esta forma, eliminando una soberanía que, de contar con ella, podría seguir agravando una situación. Además, es la causante de las tensiones que se han ido generando durante las negociaciones en Bruselas.

De esta forma, los 750.000 millones que prevé Europa entregar a los países europeos, contarán con un sistema de reparto en el que, dichas ayudas estarán supeditadas a la elaboración de proyectos que, posteriormente, evaluará el Consejo.

En este sentido, proyectos que, en función de su viabilidad, evaluación, así como externalidad positiva del mismo, condicionarán la llegada de capital a los países que así lo demanden. Proyectos que, para el caso de España, se centran en una serie de situaciones estructurales que lleva arrastrando la economía española desde hace años y que, por motivos políticos, no ha querido tratar.

Todo ello, siendo la intención de Bruselas el dotar de sostenibilidad al proyecto europeo, rebajando unos desequilibrios que, como decíamos, han sido objeto de tensión para los países miembros.

Para España, como decía, Europa lo tiene bastante claro. La situación macroeconómica prevista para cuando la situación se disipe queda bastante deteriorada. Los organismos multilaterales arrojan una contracción bastante severa para la economía española, a la vez que la OCDE sitúa a la economía española como la más afectada si se produjese un rebrote de la pandemia en el país.

Los niveles de endeudamiento que prevé el Banco de España, en base a los escenarios posibles y las inyecciones de capital que está realizando el país, ya se sitúan en el 122% en relación con el PIB. Por consecuente, el déficit público que prevé la AIReF para cuando la situación se estabilice es de 110.000 millones de euros, lo que sitúa el nivel de déficit público muy por encima de los objetivos establecidos en los pactos de estabilidad y crecimiento.

Todo ello, sumado a un desempleo estructural del 14% y un sistema de pensiones más que insostenible, han acentuado la necesidad de esa condicionalidad que tanto han exigido los países del norte para economías como la española, siendo la economía italiana otra de las más vigiladas.

Ante semejante contexto, la Unión Europea ha sido bastante clara con España, por lo que ha exigido la elaboración de reformas que traten de corregir una situación que, de no corregirla, podría derivar en el mayor colapso económico que podría experimentar la economía española.

Por lo que, para ello, y con el objetivo, cabe remarcarlo, de dotar de sostenibilidad una economía española notablemente deteriorada, a la luz de los datos. Así como una economía europea a la que no le beneficia el seguir contando con unas asimetrías tan destacadas entre sus miembros, el Consejo Europeo ha indicado que las reformas, en el caso de España, deben centrarse en unos pilares fundamentales y estratégicos para el país.

En este sentido, y en conclusión, unos pilares que, para Europa son las pensiones, y la consecuente reforma que el sistema precisa; la estabilidad financiera y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios; una mayor flexibilidad.

Por tanto, la no derogación de la reforma laboral, del mercado laboral española para lograr reducir el elevado desempleo; la transición ecológica y la mejora de la sanidad.

Por último, el refuerzo de una sanidad pública que, aún habiendo vendido como la mejor sanidad del mundo, no ha contado con los recursos precisos para hacer frente a la pandemia de la mejor forma posible.