La cúpula de Nyesa al banquillo por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental

Liberto Ángel Campillo, consejero delegado de Nyesa Valores, y Jose Antonio Bartolomé Nicolás-principal accionista de la compañía- se sentarán en el banquillo de investigados el próximo 9 de abril. Ambos declararán en el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental tras admitirse a trámite la querella criminal interpuesta por varios socios de Nyesa contra ellos y contra la sociedad Olaf y Rubí y su administrador único, Antonio Bartolomé Ruiz.

También está llamado a declarar -en calidad de testigo- el administrador concursal PriceWaterHouse Asesores de Negocio. Nyesa Valores está en causa de disolución tras registrar un patrimonio negativo de más de 10,1 millones en el ejercicio 2019.

Según recoge la querella a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la sociedad Olaf y Rubí intentó entrar en el accionariado de Nyesa en 2018 con unos activos que estaban sobrevalorados, según demostró la correspondiente “due diligence». Meses después, la misma sociedad consiguió el control de Nyesa tras aportar varios activos ubicados en el emblemático edificio de las Torres de Hércules (Los Barrios, Cádiz). Entonces, la compañía llevó a acabo una ampliación de capital de 17,3 millones de euros, equivalentes al 21,4% del capital, a cambio de 95 oficinas, dos locales y 144 plazas de garaje del edificio. Los inmuebles estaban valorados en más de 21 millones a los que había que descontar una hipoteca de 4,5 millones de euros, e iban a aportar ingresos inmediatos a Nyesa. «Algo que no ha sido así en ningún momento», relata el texto.

En la querella también se explica que la sociedad Olaf y Rubí no comunicó que el edificio no contaba con autorización para ejercer la actividad económica. A ello se suma la ocultación de importantes deudas con la comunidad de propietarios o la sobrevaloración de los activos por parte de supuestas firmas independientes. Fue precisamente la sobrevaloración de los activos lo que benefició a Olaf y Rubí.

“Gracias a este presunto encubrimiento de la situación real de los activos se pudo crear la ficción necesaria para superar las debidas diligencias y obtener la conformidad de otros accionistas de la compañía con capacidad suficiente para suscribir el contrato Marco de Inversión de 30 de octubre de 2018 que acabó dando entrada en el capital de Nyesa a Olaf y Rubí”, dice la querella.

Falta de transparencia

Otros de los puntos que se pide investigar es la falta de transparencia en la gestión de la sociedad Olaf y Rubí, “a pesar de participar en compañías cotizadas como Nyesa donde los deberes de diligencia y transparencia deben regir toda conducta por la repercusión que tienen a nivel económico nacional”.

En la querella se explica que la sociedad contaba con un capital social suscrito de 11,2 millones de euros en el momento en el que formalizó una ampliación de capital en Nyesa por valor de 17,3 millones. De este modo, la firma obtuvo una ganancia patrimonial de al menos 6,1 millones, de un día para otro, “mediante falsedades y a costa de dañar la seguridad del tráfico mercantil y la seguridad de todos los inversores”.

Además, José Antonio Bartolomé Nicolás impuso a Liberto Campillo -sancionado a principios de los 90 por la CNMV por manipulación del precio de unas acciones- como nuevo consejero delegado de Nyesa, lo que le ha permitido, según se explica en la querella, seguir realizando actividades presuntamente “delictivas y contrarias” a los intereses generales de los accionistas. «En el mismo sentido, en prosecución con el plan urdido, en la Junta del Consejo de administración de 19 de febrero de 2019, se nombró como consejero delegado a D. Liberto Campillo. A partir de este momento, podrían proseguir con sus actuaciones delictivas dado que dispondrían de plenas facultades ejecutivas», denuncian los querellantes.

Entre las presuntas actividades delictivas se cita una abultada compra de inmuebles a CajaMar, sin apenas descuento, y firmando una hipoteca mediante la cual Nyesa acaba asumiendo la carga hipotecaria de más de 4,5 millones de euros que tenía comprometida Olaf y Rubí en Las Torres de Hércules y que José Antonio Bartolomé Nicolás se había comprometido a pagar. También cita la compra por parte de Bartolomé Nicolás de la deuda de las filiales de Nyesa con un gran descuento con el fin de capitalizarla.

Los socios de Nyesa que han interpuesto la querella piden que se nombre un administrador judicial en el régimen de intervención para «neutralizar la acción delictiva, y conseguir obtener protección para el mercado y todos los actores que forman parte del mismo».