La regularización masiva pone contra las cuerdas a los funcionarios: «El aluvión de solicitudes será histórico»

El anuncio del Gobierno de activar un proceso extraordinario de regularización masiva para personas extranjeras que ya residen en España ha desatado una avalancha de reacciones antes incluso de que el procedimiento entre en vigor, y los funcionarios creen que la «carga de trabajo será inmensa», porque «el aluvión de solicitudes será histórico». Miles de familias ven en esta medida una oportunidad para normalizar su situación administrativa tras años de residencia y trabajo en la economía española.

Sin embargo, junto a la expectativa social ha emergido una preocupación creciente entre profesionales del sector jurídico y administrativo: la capacidad real del sistema para absorber, en un plazo muy limitado, un volumen de solicitudes que puede no tener precedentes.

La advertencia no llega desde el ámbito político, sino desde los propios funcionarios y los despachos especializados en extranjería, que ya están detectando un aumento notable de consultas y una presión creciente sobre unos servicios administrativos que llevan años funcionando al límite.

Desde Atlántico Abogados, firma especializada en derecho de extranjería y migratorio, alertan de que el problema no es la medida en sí, sino la forma en la que se pretende ejecutar. Según explican, la «experiencia acumulada en anteriores procesos extraordinarios demuestra que, sin una planificación previa sólida y sin refuerzos efectivos, el riesgo de colapso administrativo es elevado». Y esta vez, subrayan, «el volumen potencial de expedientes es especialmente alto».

Oficinas saturadas antes de arrancar

Las oficinas de extranjería arrastran «retrasos estructurales desde hace años». La dificultad para conseguir citas, los plazos de resolución que se alargan durante meses y la falta de personal son problemas habituales denunciados tanto por usuarios como por funcionarios. En este contexto, la activación de un procedimiento extraordinario que concentre «cientos de miles de solicitudes en un corto espacio de tiempo» ha encendido todas las alarmas.

Rubén Ouro, abogado de Atlántico Abogados y Asesores, advierte de que «la Administración ya trabaja con una carga muy elevada, y cualquier proceso masivo exige una preparación previa muy detallada. Si no se refuerzan los medios técnicos y humanos, el sistema puede entrar en una situación de saturación severa».

Desde el despacho insisten en que el reto de la regularización masiva no es jurídico, ya que el marco legal puede diseñarse con relativa rapidez, sino organizativo. Gestionar un volumen tan elevado de expedientes implica reforzar plantillas, mejorar sistemas informáticos y coordinar a múltiples administraciones que intervienen en el proceso, desde ayuntamientos hasta registros civiles.

Presión en el asesoramiento jurídico

La expectación generada por el anuncio del Gobierno ya se nota en el día a día de los despachos especializados. Muchos potenciales solicitantes quieren adelantarse, «conocer los requisitos y preparar la documentación con antelación», lo que está provocando un incremento significativo de consultas.

Antón Prieto, socio de Atlántico Abogados y Asesores, explica que «en los últimos días» se ha visto «un aumento muy claro de personas que solicitan información. Hay muchas dudas sobre cómo se articulará el procedimiento, qué plazos habrá y qué documentos serán necesarios, lo que refleja una gran incertidumbre sobre el funcionamiento práctico del proceso».

Más allá del debate político sobre la regularización, funcionarios y profesionales coinciden en señalar que «el verdadero desafío está en la gestión». Una regularización masiva de estas dimensiones exige una coordinación precisa entre oficinas de extranjería, ayuntamientos, plataformas telemáticas y servicios de atención al ciudadano.

Sin refuerzos adecuados, el riesgo es que se generen cuellos de botella administrativos que no solo perjudiquen a los solicitantes, sino que también tensionen aún más a unos funcionarios que ya trabajan en condiciones de sobrecarga.

En este contexto, los expertos subrayan que el éxito de esta regularización masiva, más allá del interés político, «no dependerá únicamente del contenido de la norma que lo regule, sino de la capacidad real de la Administración» para tramitar con agilidad, reforzar recursos y evitar un nuevo episodio de saturación estructural.