El coste de los asesores de Gobierno e instituciones alcanzará la cifra récord de 50 millones en 2019

El Gobierno del PSOE ha acentuado la contratación de asesores hasta registrar un nuevo récord. Según la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado, los ministerios y algunas instituciones han elevado en más del 10% el número de contratados a dedo respecto a los que tenía el Ejecutivo anterior. Así, Sánchez acumula 950 personas de confianza frente a los 860 de Rajoy y los 700 que había antes de la crisis económica. Hay ahora un 36% más de asesores que en 2006. A esta cifra, hay que sumar los asesores de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional (12) y las Cortes (399 entre Congreso y Senado).

El número total que sale es de 1.361 frente a los 1.271 de hace un año. Su coste, excluyendo las cotizaciones sociales, se acerca a los 50 millones de euros, la mitad del gasto público destinado a la protección de la familia y la atención a la pobreza infantil. El aumento del gasto sobre 2018 crece también un 10% (en casi 5 millones más) y sube un 35% respecto al inicio de la crisis. En esta estadística no figuran los asesores técnicos contratados por las empresas públicas y los diversos organismos del Estado.

El número de cargos de confianza aumentó en los primeros años de recesión cuando los partidos incorporaron a las administraciones a personas de su entorno con dificultades laborales. La cifra se redujo levemente partir de la segunda recesión en 2011 para subir en el inicio de la salida de la crisis. Pero la subida de 2019 (10,5%) supera con creces el ritmo de años anteriores.

Según Ley de la Función Pública, el nombramiento del personal de confianza o eventual es de libre designación por parte de los altos cargos y cesa cuando sale del puesto quien les ha contratado. Se trata del equipo personal que traen del exterior de la administración los ministros y los altos cargos. Esta modalidad de contratación pública procede de una ley de Franco de 1964. Se creó para asesorar a los departamentos del Estado. Por decreto, se diferenció en 1977 entre el personal de confianza con titulación adecuada y los que no la tenían. En 1984 el Gobierno del PSOE hizo tabla rasa y extendió la norma al conjunto de las administraciones públicas donde se produce una enorme inflación de estos puestos para personas fichadas incluso como técnicos o para cargos de especial responsabilidad.

Gasto extra para el contribuyente

Estos empleos no están reservados a funcionarios de carrera, lo que denota un gasto añadido para el contribuyente y un cierto grado de desconfianza hacia quienes han ganado su plaza mediante una oposición o concurso según su competencia profesional y méritos. Por tanto, su contratación no está sujeta a convocatoria alguna ni a méritos. Estos puestos suelen ocuparse de la asistencia personal de altos cargos, políticos, comunicación, asesoría técnica o de la jefatura de los gabinetes. También se contrata a personas que se encargan de la elaboración de discursos, chóferes o incluso administrativos y contables.

No se les pide un nivel de formación elevado, ya que, por ejemplo, sólo la mitad de los asesores contratados por el actual Gobierno tiene una titulación superior; un tercio, dice poseer una titulación de grado medio; y un 17% señala tener graduado de escolaridad o certificado de escolaridad. No se conocen sus emolumentos, ni siquiera se publican sus nombres o sus méritos profesionales y académicos. El Portal de la Transparencia publicó datos de 2012 y 2013, con una media salarial superior a los 50.000 euros anuales, pero, tras una protesta generalizada de dichos asesores, no se ha vuelto a facilitar la información.

Presidencia gasta 10,7 millones

Por departamentos, Presidencia del Gobierno es quien más asesores tiene (342), con un coste de 10,7 millones, frente a los 459 que tenía este ministerio hace un año, con un gasto cercano a los 15 millones. Pero, los datos no son homogéneos ya que, en 2010, con Rajoy, Presidencia tenía incorporado al departamento de la Función Pública, que ahora figura en el ministerio de Política Territorial.

Pedro Sánchez tiene asignados directamente 20 asesores más que Mariano Rajoy.

En todo caso, el Programa presupuestario del presidente del Gobierno permite la comparación entre ambos ejecutivos. Así, Sánchez tiene asignados directamente 269 asesores frente a los 249 de Rajoy. La diferencia es de 20 personas de confianza más, un 8%. Lo más curioso es que casi un tercio de los efectivos totales de La Moncloa son estos asesores externos de Sánchez. Es decir, hay 382 funcionarios de carrera (y 236 laborales fijos) frente a esas 269 personas nombradas a dedo. Por formación, también es destacable que sólo un tercio de esos asesores tienen titulación superior, mientras que el 41% sólo tiene graduado escolar o certificado de escolaridad y el resto (26%) dice poseer titulación de bachiller o grado medio.

En número, le sigue el nuevo Ministerio de Política Territorial y Función Pública con 168 asesores contratados y un coste de casi 6,4 millones. Es decir, el departamento más administrativo y que se ocupa de los funcionarios es uno de los que más personal de confianza ha contratado. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica llega a los 55 mientras que Exteriores, Economía, Trabajo, Industria y Defensa superan la veintena. Por ejemplo, Defensa tiene presupuestados 23 asesores frente a los 16 de 2018 con un coste de un millón de euros frente a los 674.000 euros de hace un año. Es decir, su gasto en nombramientos a dedo ha crecido un 50%.

Por instituciones, el Congreso acumula 337 eventuales, incluyendo los asignados a las comisiones y órganos de la Cámara, con un coste de 12 millones a cargo de los contribuyentes y no de las subvenciones que el Estado otorga a los partidos. Lo que significa que cada diputado en media cuenta con un asesor. Por su parte, el senado alcanza los 62.

También ha aumentado el número y el presupuesto de los altos cargos ministeriales. Excluyendo a los diputados (350) y los senadores (266), Rajoy tenía en 2018 en la Administración 455 y Sánchez llega a 485, casi un 7% más. Su coste supera los 44 millones (82 millones con los diputados y senadores) frente a los 41 millones en 2018 (72,2 millones con los representantes políticos).