Las constructoras consideran «imposible» ejecutar el plan de vivienda tras reunirse con Sánchez

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 09/05/2023 06:45
  • Actualizado: 09/05/2023 09:37

Tras su reunión con el presidente del Gobierno, las constructoras y promotoras consideran «imposible» ejecutar el plan para levantar más de 183.000 viviendas para destinarlas a alquiler asequible. El sector ha trasladado a Pedro Sánchez los problemas que presenta su programa: falta de mano de obra, plazos demasiado cortos y necesidad de revisión de precios.

El presidente del Gobierno, Raquel Sánchez, Nadia Calviño y Margarita Robles se reunieron este lunes con representantes de Sepes, la Sareb, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), así como miembros del tercer sector, el sector inmobiliario y la construcción.

Por un lado, el sector valora «positivamente» que el Ejecutivo se haya dado cuenta de que la forma de solucionar el problema de vivienda en España es «incrementar la oferta y hacerlo a través de colaboración público-privada», explican a OKDIARIO fuentes que han acudido a la reunión. Sin embargo, aseguran que el plan es «imposible de llevar a cabo porque sigue habiendo tres problemas importantes encima de la mesa».

Por otro, el segmento de la construcción apunta que para construir estas 183.000 viviendas, sería necesario incorporar a más de 900.000 trabajadores. «Hay que poner en marcha un plan de choque de forma urgente para formar a mujeres, jóvenes, desempleados e inmigrantes o no se va a poder ejecutar todo este trabajo», afirman las citadas fuentes.

Otro de los problemas, según el sector constructor, es que el pasado 1 de marzo venció la revisión de precios de algunos materiales de construcción en las obras públicas. Por lo tanto, las licitaciones están desactualizadas. Para poder desarrollar el plan de construcción y rehabilitación de viviendas, piden que se incluya este sistema porque «las empresas no presentarán ofertas si no hay seguridad». Asimismo, los constructores piden que sea obligatorio para comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por último, el sector considera que los plazos son imposibles de cumplir. En concreto, piden más flexibilidad y señalan que no es viable porque hay que «hacer análisis de lo de los suelos y las viviendas, hacer los pliegos, las licitaciones, ejecutar el trabajo y entregar la vivienda. Los plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se quedan cortos, porque exigen tener todo comprometido antes de que acabe 2024 y ejecutado en 2026», apuntan.

183.000 viviendas

En las últimas semanas, Pedro Sánchez se ha comprometido a construir y rehabilitar más de 183.000 viviendas que destinará a alquiler social. El primer anuncio fue la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, de las cuales unas 21.000 unidades se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan comprarlas. Otras 15.000 viviendas aún no están construidas y 14.000 unidades ya están habitadas.

Poco después aseguró que va a «financiar la promoción de 43.000 nuevas viviendas dedicadas al alquiler a precios asequibles», tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Éstas se financiarán con una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 4.000 millones. De igual manera, se comprometió a promover 20.000 pisos más para alquiler social y asequible en suelos del Ministerio de Defensa a través de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo).

Además, SEPES cuenta este año con un presupuesto de 375 millones de euros con el que se prevé la construcción de otras casi 16.000 viviendas, según el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

El resto de viviendas son: más de 14.000 pisos que construirá en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas, otras 20.000 unidades que desarrollará a través de los fondos europeos, unas 11.000 viviendas más a través del Fondo Social y cerca de 10.000 pisos que se construirán por acuerdos del Estado con las comunidades y los ayuntamientos, pero que están fuera de los planes estatales.