El Constitucional cierra la pelea del impuesto de plusvalía: tumba también el recurso de Vox por mayoría

El Impuesto de Plusvalía municipal, una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos, se queda con los cambios que introdujo el Gobierno en noviembre de 2021, después de que el Tribunal Constitucional lo declarara contrario a la Constitución y lo declarara nulo un mes antes, en octubre. El Pleno de este Tribunal ha rechazado este martes por mayoría el recurso que presentó Vox contra el nuevo texto del Ejecutivo, como hizo en marzo también con el recurso que presentó el PP. Fin por tanto a la batalla judicial por este impuesto, que los ciudadanos tendrán que seguir pagando.

En el caso del recurso de Vox el ponente ha sido Ricardo Enríquez, que ya votó en contra del recurso del PP en marzo cuando el ponente fue el propio presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. En esa ocasión sólo votaron en contra los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. En este caso, según las fuentes consultadas, tampoco ha habido unanimidad y la desestimación del recurso se ha aprobado por mayoría.

Tanto Vox como el PP presentaron el recurso de inconstitucionalidad del nuevo texto aprobado por el Ministerio de Hacienda -María Jesús Montero dijo en un mitin un sábado «el lunes arreglo lo de la plusvalía»- y convalidado en el Congreso en diciembre de 2021 con el voto en contra de estos dos partidos. El argumento principal es que la nueva norma no se podía aprobar por un real decreto ley al tratarse de un tema fundamental para los ciudadanos.

Además, argumentaban que con un real decreto no se puede modificar una norma que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos, como es el de pagar impuestos y contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

Estos dos argumentos fueron rechazados en la ponencia de Conde-Pumpido y también lo son en la de este martes de Ricardo Enríquez, por lo que da vía libre al Gobierno y el impuesto de plusvalías se queda con los cambios en el cálculo del impuesto que aprobó Hacienda en noviembre de 2021.

El real decreto fue convalidado en diciembre pero posteriormente se ha convertido en un proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria. Ahora mismo está todavía en fase de presentación de enmiendas. Una de esas enmiendas, del PP, pide la eliminación del impuesto para personas físicas y para empresas que facturen menos de un millón de euros.

Menos ingresos

Aunque el impuesto ya tiene vía libre, los ayuntamientos han denunciado que han recaudado cientos de millones de euros menos que en años anteriores después de que el Constitucional lo declarara ilegal en octubre de 2021. Los datos del IGAE confirman que en 2022 los consistorios han recaudado 1.306 millones de euros, frente a los 2.141 millones de 2021. Son 835 millones menos en un año.

Esto ha provocado que muchos ayuntamientos hayan denunciado al Gobierno. Como publicó este diario, más de 300 consistorios han presentado reclamaciones de dinero al Ejecutivo por la responsabilidad patrimonial del Estado. La reclamación conjunta asciende a 83 millones.