El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de la temida Ley de Vivienda

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 26/10/2021 15:30
  • Actualizado: 26/10/2021 18:14

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de vivienda (Ley por el Derecho a la Vivienda) que permite a las comunidades autónomas limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas y da a los ayuntamientos la potestad de incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta un 150% para penalizar a las viviendas vacías (aquellas que no se hayan ocupado durante dos años) .

Según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el objetivo es que el texto llegue a la Cámara Baja antes de que termine el año y que sea aprobado de manera definitiva en el segundo semestre de 2022. Para ello, el Gobierno ha decidido tramitar en anteproyecto de ley de manera urgente, lo que reduce los plazos destinados a la realización de una consulta pública y a recabar los informes de los órganos preceptivos.

Además, Sánchez ha incidido en que será la primera en esta materia en democracia cuando se apruebe de manera definitiva, permitirá limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas a personas jurídicas propietarias de diez o más viviendas, es decir, grandes tenedores.

Por otro lado, para intentar contener las rentas, la norma establece para los nuevos contratos una bonificación general del 50% en el IRPF de los arrendadores, que puede llegar hasta el 90%.

¿Qué medidas contempla la ley?

La normativa prevé que en el caso de los pequeños propietarios se congelarán por ley los precios del alquiler y se pondrán en marcha incentivos fiscales para conseguir una reducción del precio del arrendamiento.En este sentido, los propietarios que tengan nueve viviendas o menos -por encima serían considerados grandes tenedores- tendrán que congelar el precio de alquiler de sus pisos.

Sánchez ha dejado claro que los incentivos fiscales serán sólo para este grupo. Se establecerá una reducción general del 50% del IRPF que puede llegar hasta el 90%. Se trata de una bonificación de las rentas que pueden obtener los propietarios en caso de que bajen de forma voluntaria el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

¿Qué sucederá en las zonas tensionadas?

Las comunidades autónomas deberán solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia, que aún no está disponible.

Una vez aprobada por las Cortes General y publicada la ley, el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 18 meses para elaborar con las comunidades autónomas un índice de precios de referencia para aplicar luego dichas bajadas.

Reserva para VPO

El acuerdo pactado por PSOE y Unidas Podemos incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Esta propuesta pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.

¿Se penalizará a las viviendas vacías?

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos incluye un “impuesto a la vivienda vacía”, que se traducirá en un recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos sobre las viviendas desocupadas. Esto afectará a todas las viviendas deshabitadas y dependerá exclusivamente de los consistorios.

Por otro lado, la Ley de Vivienda incluirá la creación de un bono joven para el alquiler dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años. El objetivo de Pedro Sánchez es reducir la edad de emancipación en España.

¿Cuándo se aprobará la Ley de Vivienda?

Aún no hay fecha para aprobar la Ley de Vivienda. Además, después de su aprobación, se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria.