Las comunidades podrán adaptar los requisitos para acceder a los 7.000 millones de las ayudas directas

Las comunidades autónomas serán las encargadas de modular los requisitos de acceso a las ayudas directas de 7.000 millones contempladas en el plan de 11.000 millones aprobado por el Gobierno para empresas y autónomos. El Ejecutivo ha justificado que las medidas de apoyo a la liquidez y a la solvencia tienen un impacto directo sobre el tejido productivo, al permitir que una multitud de empresas que son viables económicamente puedan mantener su actividad.

A la hora de analizar la medida, es necesario tener en cuenta que el real-decreto ley establece una serie de indicadores de elegibilidad que permitan garantizar que las empresas que acceden a las ayudas hubieran sido viables antes del Covid-19 y que se han visto afectados por la pandemia. No obstante, en la memoria se apunta a que en el caso de las ayudas de la ‘Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas’, las comunidades autónomas podrán modular estos requisitos».

En cuanto a esta medida, el Gobierno ha señalado que con una dotación de 7.000 millones de euros, la totalidad del impacto se producirá en el ejercicio 2021 y que debido a las interconexiones en el sistema productivo, el impacto positivo no se reduce únicamente a las empresas que efectivamente accedan a estas medidas, sino que se extiende también de forma indirecta al resto del tejido productivo.

«Esta línea al consistir en subvenciones con carácter finalista para el pago de deudas a proveedores y otros acreedores, tendrá efectos multiplicadores por encima de los 7.000 millones de euros», ha recalcado el Ejecutivo.

Reestructuración de la deuda

Sobre la línea para la reestructuración de deuda financiera dotada con 3.000 millones, el Ejecutivo estima que en la medida en que el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 permite que los avales públicos a préstamos bancarios se conviertan en subvenciones directas hasta el 31 de diciembre de 2022, se espera que este impacto presupuestario se divida en los dos ejercicios de 2021 y 2022.

Según ha explicado el Gobierno, a finales de febrero, se habían concedido en torno a 90.000 millones de euros en concepto de aval público por parte del Instituto de Crédito Oficial, y que suponiendo una tasa de ejecución del aval del 10%, el Estado tendría que hacer frente a 9.000 millones de euros, que, además, irían aparejados a la desaparición de empresas y autónomos, con el consiguiente impacto negativo en futuras recaudaciones fiscales.

Ante esto, el Gobierno ha justificado que adopta una posición proactiva, llevando a cabo un uso más eficiente de los recursos públicos. Además, al requerir que las entidades financieras también asuman un porcentaje de quita adicional al de la aportación directa por el Estado, el impacto total de este fondo sobre la deuda de las empresas, será superior al impacto presupuestario.