Competencia catalana dice que la norma de Colau para las VTC es «gravemente perjudicial» para el ciudadano

La CNMC catalana dependiente de la Generalitat, llamada Autoritat Catalana de la Competencia (ACCO) cree que la norma en forma de reglamento que Ada Colau  ha sacado adelante a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para contratar los coches VTC con una antelación de una hora es restrictiva de forma «injustificada» y generará «perjuicios a los ciudadanos».

La ACCO recomienda por ello la «no aprobación definitiva» del reglamento por parte del consejo metropolitano del AMB, según concluye en el informe emitido sobre la nueva norma aprobada el pasado mes de febrero.

A juicio de la Autoridad autonómica de Competencia, esta norma introduce restricciones y cargas adicionales a la prestación de servicios urbanos de VTC dentro del área metropolitana de Barcelona, que se añaden a las impuestas por la normativa estatal y catalana.

«Todo ello debilita, todavía más, las presiones competitivas que han venido ejerciendo durante los últimos tiempos los operadores de VTC respecto del sector del taxi, el cual ha sido tradicionalmente preservado de la competencia», argumenta.

En cuanto a las medidas concretas, la ACCO considera que fijar una antelación de sesenta minutos en la contratación del servicio «perjudica gravemente a los usuarios y no se encuentra justificada en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo».

Asimismo, «lamenta» el carácter «discriminatorio» de la medida, dado que, según indica, no se aplica al sector del taxi, que también presta servicios en el segmento de la precontratación.

De igual forma, apunta que articular un registro de VTC de ámbito metropolitano, configurado como un requisito de acceso para poder prestar servicios urbanos «dificulta, todavía más, la prestación de estos servicios».

Para la ACCO el reglamento también altera la competencia existente entre los propios operadores de VTC, ya que establece un trato discriminatorio injustificado entre estos en cuanto a aplicación de las normas relativas a descansos semanal y horarios, o la exigencia de determinados requisitos de los vehículos, en función del momento en el que han obtenido la autorización.