Competencia admite que a las empresas les compensa pactar precios porque las multas son pequeñas

Configurar cárteles empresariales que no permiten la entrada de nuevas compañías en el mercado y que establecen precios acordados bajo cuerda perjudicando a los consumidores sale barato en España. Lo admite hasta José María Marín, presidente del organismo encargado de velar porque esto no ocurra, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La ley es demasiado laxa con las prácticas anticompetitivas en lo que a sanciones se refiere, y a las compañías que realizan estas actividades les compensa cometer el delito.

Así lo ha expresado el máximo responsable de la CNMC en un seminario organizado por la Fundación Hay Derecho, en el que se ha denunciado el “capitalismo clientelar” que existe en España, con grandes y pequeñas compañías que han crecido al calor del Boletín Oficial del Estado (BOE) con la complicidad y la ayuda de los legisladores estatales, autonómicos y municipales..

En la jornada, José María Marín, ha dudado del carácter disuasorio de las sanciones a los cárteles debido al “bajo importe de las sanciones en comparación con el beneficio obtenido” y a que, en muchos casos, los organismos judiciales, como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aplican “valoraciones jurídicas que en algunos casos no responden a criterios estrictamente económicos” respecto al impacto de las prácticas anti-competencia en la vida de los ciudadanos.

Un ejemplo de multas que compensan a los defraudadores es el caso del cártel de la leche, un grupo de empresas que ha sido sancionado con 88 millones de euros por repartirse el mercado de aprovisionamiento de leche cruda, pactar estrategias de precios e intercambiar información sobre los ganaderos, perjudicando así a productores y consumidores. Pues bien, el beneficio obtenido por estas prácticas ha alcanzado los 815 millones de euros, es decir, que la multa supone tan sólo el 10,8% de los ingresos logrados por actividades ilícitas.

Para solventar estos obstáculos a la libertad de mercado, el presidente de la CNMC ha explicado que el organismo que dirige estudia elevar las multas y sancionar no sólo a las empresas que violen la normativa anti-competencia, sino también a las personas concretas “que se encarguen de diseñar y gestionar los cárteles”, poniendo “nombre y apellidos” que sufran, además de la multa económica, “la correspondiente pena de telediario”.

Marín ha recordado que existe una directiva europea aprobada en 2014 que otorga el derecho a que los ciudadanos puedan ser resarcidos por una práctica empresarial que atente contra la competencia y ha manifestado “tener fe en su transposición” al ordenamiento jurídico español. “Nosotros estamos del lado de la defensa de los intereses de los ciudadanos que se vean perjudicados, para que tengan los tribunales abiertos y puedan reclamar los daños oportunos, algo que en estos momentos no pueden hacer”, ha indicado.

Respecto a la renovación de los tres consejeros de la CNMC que agotan su periodo de mandato (María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez), el presidente del organismo ha explicado que depende del Gobierno tomar una decisión al respecto antes de que acabe la Legislatura. Los relevos los debe adoptar el ministro de Economía, Luis de Guindos, y enviar su propuesta al Parlamento. “La ley no asigna papel alguno al presidente de la CNMC en los nombramientos, ni para proponer ni para aprobar”, ha explicado Marín.