La Comisión Antimonopolio alemana prefiere que Air Berlin caiga en manos de Ryanair

La Comisión Antimonopolio alemana ha criticado hoy la compra de parte del capital de Air Berlin por su rival Lufthansa, actualmente en vías de negociación, y ha recordado que ambas compañías son «competencia directa en muchas rutas», al tiempo que ha considerado que de llevarse a cabo una fusión entre las dos aerolíneas ésta tendría «condiciones muy estrictas».

El jefe de la Comisión Antimonopolio alemana, Achim Wambach, ha destacado el hecho de que si Lufthansa adquiere Air Berlin se produciría la unión entre la primera y la segunda mayor aerolínea del país, y ello requeriría la renuncia de derechos de aterrizaje y despegue.

«Me gustaría una adquisición por parte de Ryanair en lugar de por Lufthansa», ha llegado a opinar el jefe de la Comisión Antimonopolio alemana, organismo asesor, en declaraciones al medio germano ‘Rheinische Post’, que ha advertido de que el crédito de 150 millones de euros otorgado por el Gobierno de Merkel podría ser incompatible con las normas de ayudas estatales.

El director general el aeropuerto de Dusseldorf, Thomas Schnalke, ha mostrado hoy su apoyo a la decisión del Gobierno alemán de otorgar un préstamo a Air Berlin con el objetivo de que pueda seguir operando durante dos meses mientras se resuelve las negociaciones y apoyar su reestructuración. Para Schnalke, Air Berlin es «un pagador fiable».

Ryanair ha presentado sendas reclamaciones ante el Bundeskartellam, el organismo alemán de regulación de la competencia, y ante la Comisión Europea a raíz del proceso de insolvencia de Air Berlin por considerar que las ayudas del Gobierno alemán estaban dirigidas a facilitar la adquisición de la compañía por Lufthansa.

La Oficina Federal de la Competencia será la encargada ahora de examinar la operación de Lufthansa, tras declararse Air Berlin insolvente. Por su parte, la Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia por parte de Ryanair y ha asegurado que la tendrá en cuenta en el proceso para evaluar la conformidad de este apoyo público con las normas europeas sobre ayudas de Estado. Dispone de un plazo de hasta dos meses para pronunciarse.