Cisma en Deloitte: un grupo de socios prepara su salida ante el descrédito de la auditora

La firma de servicios profesionales de consultoría y auditoría Deloitte está sufriendo un cisma que va a provocar la salida de un grupo de socios, que estudian marcharse a otra de las Big Four (PwC, KPMG o Ernst & Young) para seguir desarrollando su actividad, lo que supone un duro golpe para la compañía que podría ver cómo se reduce su cartera de clientes.

Según han confirmado fuentes del sector a Okdiario, el conjunto de los 191 socios de Deloitte están satisfechos con el “buen trabajo” de su presidente, Fernando Ruiz, a la hora de gestionar la crisis de reputación a la que se enfrenta la firma, ya que “se han evitado las implicaciones legales”.

Sin embargo, “el daño está hecho” y “un grupo de socios está trazando un plan para abandonar la firma, contactando con la competencia” para “ofrecerse en bloque” a otra gran auditora.

Las fuentes consultadas apuntan que este movimiento puede acelerar otras bajas durante el mes de enero. El grupo de profesionales que estudia su salida pretende “ofrecer un doble valor” a sus competidores. En primer lugar quieren “traspasar algunos clientes actuales de Deloitte bajo su tutela” y, además, “ofrecerles capacidad operativa inmediata”.

Esta salida pone en riesgo más de 300 empleos de auditores “de todos los rangos”, explican desde el departamento de recursos humanos de una de las compañías del sector.

La compañía niega que se esté produciendo esta crisis de reputación, así como la existencia de socios que estén ofreciendo sus servicios a la competencia. Un portavoz de Deloitte ha indicado a Okdiario que es «rotundamente falso» que exista esta fuga de socios.

Crisis reputacional

La crisis reputacional de la firma se produce por su papel en algunos de los escándalos financieros más sonados de los últimos tiempo. Deloitte ha vuelto a saltar a la actualidad con la crisis de Abengoa, ya que ha sido la encargada de fiscalizar las cuentas de la empresa sevillana en los últimos tres años, recibiendo 20 millones de euros sin poner objeciones que hicieran sospechar que la compañía iba directa a la quiebra. Tan solo se pronunció semanas antes de que Abengoa diera el primer paso para solicitar el concurso de acreedores.

No es el único caso que afecta a Deloitte. La consultora avaló las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa sin detectar el agujero económico del banco, que ha terminado necesitando más de 22.000 millones de euros de dinero público. De hecho, la auditora fue sancionada con 12 millones de euros por el Gobierno (a través del ICAC) y se quedó a las puertas de la imputación penal.

Grandes del Ibex no seguirán con la firma

A estas cuestiones hay que añadir la pérdida de contratos con grandes compañías del Ibex 35. El pasado verano el Banco Santander puso fin a 25 años de relación con Deloitte y decidió elegir a PwC como auditor de las cuentas de la entidad hasta 2018. Lo mismo ocurrió con Bankinter.

Ahora el otro gran banco español, BBVA, se plantea relevar a la firma también tras 25 años de relación profesional, según informa El Economista. Otra de las empresas que abandonan a Deloitte es Arcelor Mittal, que ha convocado concurso para cambiar de firma a nivel internacional. Iberdrola es otra de las compañías que ha descartado recientemente hacerse con los servicios de auditoria de la firma, cerrando un acuerdo con KPMG.

La nueva Ley de Auditoría de Cuentas que entrará en vigor el próximo verano provocará más movimientos en el sector durante la primera mitad de 2016.

Deloitte fiscalizará la labor del INEM

Aunque no todo son malas noticias para Deloitte, ya que ha sido escogida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para realizar un diagnóstico de los problemas que tiene el Servicio Público de Empleo (el antiguo INEM) para realizar la labor de intermediación laboral que tiene encomendada. En la actualidad, este organismo sólo cierra el 2,1% de los contratos ofertados.

En concreto, ha adjudicado a la compañía un contrato para la “evaluación cualitativa de los factores que inciden en el desempeño del Servicio Público de Empleo”. El importe supera los 391.000 euros, según revela el BOE.