La CEOE critica la lentitud de España con los fondos Next Generation en comparación con otros países

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado la «lentitud» mostrada por España durante 2021 a la hora de ejecutar los fondos europeos «Next Generation» si se compara con el ritmo de países como Francia, Italia o Portugal, y ha alertado del riesgo de deslocalización de inversiones si no se acelera.

Esta es una de las principales conclusiones incluidas en un informe de seguimiento sobre la ejecución de estos fondos presentado este miércoles por la patronal y en el que se destaca la «falta de agilidad administrativa» y se considera que es uno de los principales problemas que resolver ante la llegada de estas ayudas.

Los autores del estudio lamentan la «ineficacia del sistema de gestión» diseñado por el Gobierno de Sánchez y detectan que, pese a que Bruselas ya está transfiriendo las primeras ayudas, los recursos «no llegan a la economía real al mismo ritmo».

«Es importante no confundir los conceptos ‘asignar’ o ‘comprometer’ con ‘ejecutar’. Solo el desembolso de fondos a empresas y entidades que no forman parte del sector público tiene un impacto real en la economía», se explica en el documento.

Esta postura contrasta con la del Ejecutivo, que defiende que el impacto de las ayudas también es previo a la fase de ejecución, al argumentar que las compañías pueden por ejemplo empezar a contratar y comprar material antes de ingresar el dinero una vez tienen la certeza de que el proyecto sale adelante.

Según las cifras recogidas por la CEOE, España recibió 19.000 millones de fondos «Next Generation» en 2021 -divididos en un primer tramo de 9.000 concedido en verano y otro de 10.000 transferido en la última semana de diciembre-, 5.000 millones menos de lo previsto en los presupuestos.

Además, se lanzaron convocatorias de subvenciones y licitaciones por valor de 9.300 millones.

«Esto no significa que este importe haya llegado a las empresas, ya que en muchos casos los plazos de presentación de proyectos seguían abiertos a finales de año».

De hecho, citan como ejemplo los últimos datos facilitados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), correspondientes a agosto, cuando se habían ejecutado 104 millones de euros de los cerca de 5.000 que ya estaban comprometidos.

En opinión de la CEOE, es necesario «acelerar la publicación de convocatorias por parte de todo el sector público», y muy especialmente en las comunidades autónomas y las entidades locales.

La organización patronal ha cuestionado los plazos de presentación de algunos proyectos, que oscilan de media en torno a las 3-4 semanas -aunque ha habido casos inferiores incluso a diez días-, y ha pedido que se amplíen para facilitar el acceso a las subvenciones de pymes y autónomos.

Por este mismo motivo también ha instado a aumentar el porcentaje medio de cofinanciación -es decir, cuando se exige a las empresas que aporten una parte de la inversión para poder acceder a las ayudas-, que se sitúa en el 30%.

Desde la CEOE se insiste en que existe «un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países más rápidos en la ejecución» debido al «retraso en la publicación de convocatorias», especialmente en aquellas regiones con un número reducido de empresas tractoras multinacionales.

España, detrás de Portugal, Francia o Italia 

El estudio incluye una comparativa internacional, en la que se destaca que Portugal presenta un porcentaje de convocatorias más elevado (25% de los fondos asignados, frente al 10 % de España), que Francia ha creado un comité de evaluación que publicará datos sobre ejecución real y que en Italia se han reforzado ya las plantillas del sector público para agilizar la tramitación de proyectos.

Entre las recomendaciones de la CEOE también se encuentra la de acelerar los grandes proyectos estratégicos a través de los Perte, facilitar la concurrencia de pymes y autónomos, mejorar la coordinación entre administraciones e «implicar» al sector financiero para garantizar la «capilaridad» del plan.

En opinión de la patronal, España debe aprovechar la ocasión para abordar reformas estructurales en materia de abandono escolar, educación y formación, así como en unidad de mercado, pero siempre vigilando que «no generen una mayor dificultad para la recuperación económica» y que exista un equilibrio entre «flexibilidad y seguridad» en el marco del diálogo social.