CCOO denuncia a Panrico por dejar de pagarle ‘mordidas’ y la Audiencia Nacional le da la razón

La Audiencia Nacional ha condenado a Panrico por dejar de pagar mordidas a la Federación Agroalimentaria de CCOO después de que el sindicato denunciase el cese de los pagos a los que la compañía se comprometió en 2011 en un acuerdo privado.

Como ya publicó este diario, el grupo creado en 1963 por la familia de panaderos leridanos Costafreda abonó facturas a las Federaciones Agroalimentarias de CCOO y UGT entre 2007 y 2010, por gastos de asesoramiento a sus secciones sindicales de centro y por el asesoramiento por la negociación colectiva entre los 12.000 y los 30.000 euros, unos hechos que la Audiencia considera probados.

Panrico dejó de pagar al sindicato al entender que había incumplido su compromiso

En 2011, cuando la situación de la compañía se recrudeció a causa de las deudas y el fondo de capital riesgo de Oaktree se hizo con el control del 80% de las acciones, Panrico suscribió un acuerdo por escrito con la Federación Agroalimentaria de CCOO para “dotar de medios suficientes a la legitima representación de los trabajadores para que puedan desarrollar con normalidad su actividad representativa”.

Así, la empresa se comprometió a abonar 30.000 euros anuales al sindicato y a eximir de su obligación de prestar servicios laborales a dos trabajadores para ejercer como delegados institucionales. Sin embargo, Panrico sólo pagó durante un año.

Después de que la Federación Agroalimentaria de CCOO reclamase el cobro de varias facturas, el 6 de junio de 2013, el director de recursos humanos de la empresa envió un correo electrónico al sindicato en el que recordaba los términos del acuerdo suscrito en 2011, cuestionaba su grado de cumplimiento y ofrecía el pago de 10.000 euros para saldar los compromisos alcanzados.

A juicio de Panrico, el sindicato no ha cumplido esos compromisos al mantener “una constante oposición y actitud de enfrentamiento frente a decisiones adoptadas por la compañía tras procesos negociados y acordados con la mayoría de los representantes de los trabajadores” y pone como ejemplo el proceso de impugnación en la aplicación del convenio colectivo de la planta de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), y de Valladolid.

“El citado acuerdo definía el marco de colaboración entre Panrico y la Federación Agroalimentaria de CCOO para que esta desarrollase adecuadamente su actividad sindical sobre la base del diálogo, la negociación y la paz social entre las partes. A tal fin, Panrico quedaba obligada a proporcionar los medios personales adecuados y a satisfacer una concreta cantidad económica a la federación que, a su vez, quedaba obligada a la búsqueda constante de soluciones negociadoras en los posibles conflictos que pudieran surgir”, recuerda la compañía en el escrito enviado que recoge la sentencia de la Audiencia Nacional.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, desde esa fecha la empresa no atendió al pago de ninguna de las facturas remitidas por el sindicato, que denunció el incumplimiento del pacto el pasado mes de septiembre. Sin embargo, mantuvo a los dos liberados institucionales sin ejercer funciones laborales.

El 25 de noviembre de 2013 se alcanzó un acuerdo en un procedimiento de despido colectivo que fue suscrito por representantes de UGT y por tres de CCOO, entre ellos por uno de los liberados institucionales. El otro liberado institucional fue incluido en este despido colectivo el 17 de septiembre de 2014.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a CCOO y ha condenado a Panrico a pagar un total de 103.807,93 euros. De ellos 98.485,59 euros irán a parar a la Federación Agroalimentaria en concepto de “daños patrimoniales y morales por lesión del derecho fundamental de libertad sindical”. El resto serán para el delegado que perdió su condición de liberado en junio del pasado año por los mismos motivos. El que fue despedido, deberá reclamar ante el tribunal que juzga su salida de la empresa.

La cantidad solicitada por daños morales concedida por la Audiencia es ligeramente inferior a la solicitada por el sindicato. CCOO solicitó 50.000 euros por este concepto y finalmente ha fijado la indemnización en 6.000 euros al entender que las demandas del sindicato son “desproporcionadas” para una empresa a la que se acaba de autorizar un despido colectivo.

Para CCOO esta sentencia “ha supuesto un hito en el reconocimiento de derechos sindicales en las empresas”. En declaraciones a este diario, el responsable de Acción Sindical de la  Federación Agroalimentaria de CCOO, Jorge Tomé, niega haber percibido ninguna “mordida” y considera los pagos como “un derecho reconocido y firmado por la justicia”.

Una práctica “inmoral” para USO

USO, con presencia en el comité de empresa de la planta de Panrico en Aragón desde el pasado mes de diciembre, denuncia estos hechos y los considera un ejemplo de sindicalismo amarillo.

“Estas prácticas son inmorales, indecentes y nos llevan al desprestigio total del sindicalismo”, denuncia el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO, José Vía.

Desde USO temen que este tipo de actuaciones estén “institucionalizadas” en grandes grupos empresariales y advierten que las denunciarán y harán “todo lo posible por erradicarlas” en todas las empresas en las que consideren que se están llevando a cabo.

“Queremos pensar que no son prácticas avaladas por las direcciones confederales de UGT y CCOO, pero hacen poco por erradicarlas. El sindicalismo se tiene que financiar con sus recursos, vivir con estrecheces y austeridad. Las cuotas que pagan los afiliados son la única manera de ser libres y defender sin cortapisas los intereses de los trabajadores”, remarca Vía.