Cataluña sigue ‘chupando del bote’ y ya ha pedido casi 90.000 millones de euros al Estado
Prácticamente un tercio de las ayudas que el Estado da a las Comunidades Autónomas a través de los diferentes mecanismos de financiación van a parar, precisamente, a una Cataluña gobernada por quienes rechazan la solidaridad fiscal y que apenas pesa un 20% sobre el PIB del conjunto de España.
Los del ya cansino ‘Espanya ens roba’ (España nos roba) suelen olvidar la realidad de la financiación autonómica. Cataluña, recuerden, no puede financiarse en los mercados porque las agencias calificadoras catalogan a la deuda catalana con el temido ‘bono basura’, lo que reduce y mucho el atractivo de unas hipotéticas emisiones de deuda por parte de la Generalitat.
En 2019, a falta de un mes para cerrar el año, Cataluña ha pedido a través de las distintas vías de financiación autonómica (FLA -Fondo de Liquidez Autonómica- y FFF -Fondo de Finalidad Financiera-) 8.044 millones de euros, algo más de un 30% del total del dinero prestado por el Estado a las diecisiete comunidades autónomas, que asciende a 26.228 millones.
Desde que en 2012 se crearon estas ayudas públicas autonómicas, Cataluña ha pedido 88.296 millones de euros
Desde que en 2012 se crearon estas ayudas públicas autonómicas, Cataluña ha pedido 88.296 millones de euros, de nuevo un 30% del total de las ayudas comunitarias, que en este tiempo han exigido un desembolso por parte del Estado de 287.978 millones de euros.
Detrás de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía -por este orden- son las regiones que más se han financiado por esta vía, con 6.789 millones y 3.453 millones en 2019, respectivamente. Desde 2012, la Comunidad andaluza ha solicitado casi 42.500 millones, mientras que la valenciana ha requerido de 66.783 millones de euros.
País Vasco y Navarra no han solicitado ni un solo euro a los diferentes mecanismos de liquidez autonómica
Cabe destacar que País Vasco y Navarra no han solicitado ni un solo euro a los diferentes mecanismos de liquidez autonómica desde la creación de esta suerte de hucha pública, nacida precisamente para ayudar a las Comunidades Autónomas con dificultades para emitir deuda para financiarse.
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