Carmena se niega a pagar a Mapfre un dividendo de 23 millones tras arrebatarle la funeraria

Se acaba la legislatura del Gobierno municipal de Ahora Madrid y sigue judicializado una de sus principales batallas del consistorio de Manuela Carmena: su enfrentamiento con Mapfre por negarse a pagarle 23 millones de euros, la mitad aproximada de los 47 millones de euros de dividendo que debían de haber cobrado los accionistas de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, donde Mapfre controlaba a través de su filial Funespaña el 49% del capital mientras el ayuntamiento controlaba el 51%.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha confirmado a preguntas de OKDIARIO durante su presentación de resultados 2018 que «no nos han pagado el dividendo: ganamos en primera instancia y se ha recurrido por el Ayuntamiento pero continuaremos peleando por lo que es nuestro». Por el momento la empresa no tiene conocimiento de que haya habido resolución del recurso del Ayuntamiento de Madrid que se encuentra presentado en al Audiencia Provincial.

El gobierno municipal ya argumentó en su momento que tendría que endeudarse para hacer frente a este pago, pero por el momento la justicia establece que tiene que hacerse cargo del mismo.

Una larga batalla política y judicial

El 16 de septiembre de 2016, el consistorio madrileño disolvió la antigua EMSFM, una disolución a la que la ley le facultaba al cumplirse 50 años desde la creación de la sociedad. Sin embargo, Funespaña consideraba -y así se lo hizo saber a la CNMV- que tenía derecho a cobrar su parte correspondiente de los activos netos y la amortización de capital privado. Pero el ayuntamiento de Carmena y el concejal de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato -que llevó personalmente el procedimiento como consejero de la funeraria pública antes de ser destituido en dicembre de 2017- les negaron este derecho, alegando que Mapfre había tenido un lucro indebido durante los años que había gestionado la empresa pública y que además había invertido menos de lo correspondiente en el mantenimiento de los cementerios.

Mapfre acusó al Ayuntamiento de querer llevar el debate de un modo «demagógico o populista»

De igual modo, fuentes municipales llamaban la atención sobre el doble juego que tenía la compañía, pues Mapfre participaba de los servicios funerarios pero también de los tanatorios, con lo cual era cliente de sí misma y eso afectaba a los precios. En medio de este discurso de que Mapfre estaba poco menos que dilapidando los recursos de la empresa mixta, el consistorio justificó el impago del dividendo.

A más abundamiento, el ayuntamiento contó como aval para justificar la remunicipalización sin pagar el dividendo con unos informes encargados ad hoc a una consultora desconocida que contrató el propio Sánchez Mato.

Un pleito de Sánchez Mato

El 19 de octubre de 2017, el Ayuntamiento de Madrid se enfrentó en juicio a Funespaña, compañía controlada en un 95,8% por Mapfre. En la vista previa a este juicio, Sánchez Mato atacó a Mapfre acusándoles de realizar una «maravillosa gestión consistente en acumular beneficios con un servicio público con el único fin de engordar los resultados de la compañía», algo que habría hecho con servicios «pésimos». Desde la empresa presidida por Antonio Huertas, no obstante, se acusó al equipo de Manuela Carmena de querer llevar el debate hacia un espacio «demagógico o populista».

Sánchez Mato tuvo entre ceja y ceja a la empresa pública funeraria desde su llegada a la Concejalía de Economía

Funespaña estuvo en el punto de mira del consistorio de Ahora Madrid desde el principio. De hecho, Sánchez Mato mencionó en una comparecencia pública ya en junio de 2015 (apenas un mes después de la entrada en el gobierno municipal) su intención de cambiar la fórmula jurídica de la funeraria pública ya que cumplía 50 años y su naturaleza se extinguía sin coste alguno.

Sin embargo, el último recurso se ha hecho ya sin Sánchez Mato en el Gobierno.

Todavía se carecen de datos completos sobre la rebautizada como Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios y cómo ha ido su gestión en los últimos tiempos desde que ha vuelto a ser de gestió pública. Los sindicatos han asegurado que la empresa está perdiendo ingresos a pasos agigantados.