Calviño confía en que el Congreso apruebe la reforma laboral sin cambios a principios de febrero
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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se mostró confiada en que el real decreto ley de la reforma laboral se aprobará en los primeros días del mes que viene en el Congreso sin introducir cambios y espera lograr «el apoyo más amplio posible de todos los partidos políticos».
Durante su intervención en la XII edición del foro económico internacional Spain Investors Day, la ministra calificó el texto de la reforma de equilibrado, resultado de «un largo e intenso proceso de negociación con los representantes empresariales y de los trabajadores».
«Creo que es una buena reforma laboral. Es la que nuestro país necesita en este momento», afirmó. A su juicio, es un texto legal que se caracteriza su «equilibrio» y por «representar verdaderamente la mejor de las opciones desde el punto de vista de los distintos intereses del ámbito del mercado laboral».
En su férrea defensa del acuerdo alcanzado con los diferentes agentes sociales, dijo que «es muy difícil entender que algún grupo político rechace esta reforma laboral», argumentando que tiene por objetivo reducir la temporalidad, la precariedad e impulsar la creación de empleo de calidad en el nuevo ciclo económico.
Además, consideró que proporciona seguridad jurídica «tanto a las empresas españolas como a los inversores internacionales para que España siga siendo un destino atractivo de inversión» y así «estar en el furgón de cabeza de la nueva economía digital y verde».
Asimismo, ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si la reforma laboral cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, Calviño respondió que «es fundamental responder a las recomendaciones que las instituciones internacionales han venido haciendo a nuestro país desde hace años orientadas reducir a la temporalidad y la precariedad, preservar la flexibilidad interna de las empresas, tratar de aumentar los incentivos para la inversión en capital humano o aumentar la productividad. Desde ese punto de vista la reforma laboral responde a las recomendaciones que nos han venido haciendo los organismos internacionales», aseguró. Además, apuntó que el texto cuenta con «un amplio respaldo social y responde a las expectativas y ambiciones de los ciudadanos españoles».
Desfase en las previsiones económicas
La ministra también fue preguntada sobre la notoria diferencia entre las estimaciones de crecimiento del Gobierno para 2022 y las de la mayoría de las instituciones internacionales, que manejan unos cálculos bastante menos optimistas, y se escudó en que «en este escenario particularmente complejo y marcado por nuevas incertidumbres es particularmente difícil la realización de previsiones macroeconómicas y eso explica las constantes revisiones al alza y a la baja que hemos venido viendo por parte de los distintos organismos».
Calviño reiteró que las prioridades de la política económica del Gobierno pasan por seguir respondiendo de manera efectiva a la pandemia y cumplir tres principios: el de responsabilidad fiscal, justicia social e implementar reformas estructurales.
Con todo, la ministra dijo que espera que a lo largo de este ejercicio España alcance «la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones y reformas» y que contempla que el plan de recuperación movilizará un volumen de hasta 500.000 millones de euros de inversión privada en los próximos años. Esto será, a su juicio, una de las palancas para una recuperación sólida que será «muy distinta de las anteriores, con un crecimiento sostenible».
En este sentido, señaló que España es uno de los países más avanzados creando crecimiento para las empresas, gracias al impulso de la digitalización, que está generando un «ecosistema floreciente de startups».
Sobre la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras, Calviño dijo que «España es un país que da la bienvenida a la inversión extranjera, que ha sido clave para el desarrollo del país y su estabilidad financiera durante la democracia». Sin embargo, subrayó que, al mismo tiempo, el Gobierno debe asegurarse de que se protege el interés público en sectores estratégicos «como están haciendo otros muchos países», algo, en su opinión, que no debería crear incertidumbre.
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