CaixaBank se enfrenta por tercera vez al juez de la Mata y dos accionistas que van contra su cúpula

La investigación judicial que tendrá que afrontar en los próximos meses la cúpula de CaixaBank y Criteria en la Audiencia Nacional será la tercera a la que se someta la entidad. Como en los dos casos anteriores, el juez que ha decidido admitir a trámite la querella es José de la Mata. Y de nuevo, los querellantes son dos accionistas de la entidad que desde hace tiempo mantienen abierta una guerra contra el banco al que han intentado atacar por distintos frentes sin éxito, de momento.

Esta vez, la querella admitida a trámite se dirige contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el ex director general de relaciones internacionales, Antonio Massanell, dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón, el director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García y el consejero de Criteria Caixacorp, David K.P. Li, también presidente de Bank of East Asia (BEA).

El objeto de la querella son dos operaciones presuntamente irregulares en la compra de BPI -entidad en la que La Caixa entró como accionista en 2015 y que ya como CaixaBank pasó a controlar en 2017-.

La letra del proceso judicial es distinta, pero la música suena a los directivos de la entidad de origen catalán, que ya han sufrido lo que califican como «pena de telediario» por otras dos querellas presentadas por estos accionistas, que finalmente fueron archivadas por De la Mata, según lamentan en el entorno de la entidad.

Operación aprobada por los reguladores

Sin embargo, el archivo de las otras causas no significa que esta pueda prosperar. Habrá que esperar para ver qué decide la Justicia. Pero en el entorno de la cúpula del banco se recuerda que la compra de BPI estuvo vigilada por los reguladores españoles y portugueses, que en el momento de la operación no detectaron ninguna irregularidad en la adquisición.

El auto de admisión de la querella cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, que en otras ocasiones sí apoyó a la cúpula de la entidad financiera. Esta vez los hechos denunciados son por un lado, el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa. Y por otro, una permuta de acciones con el Banco of East Asia (BEA) para poder entrar en el accionariado de BPI. Una operación que habría producido a la entidad un daño económico de 687 millones de euros.

Con este nuevo episodio judicial entre los dos accionistas querellantes y CaixaBank se completa una saga que se inició con una demanda contra la entidad por un proceso de compraventa en El Cortijo de los Mimbrales.

Este complejo andaluz de cerca de 1.000 hectáreas incluía una plantación de cítricos, una zona industrial y otra hotelera que servía de pago de otras fincas hipotecadas por Cajasol, caja que pasó a formar parte de Banca Cívica, que a su vez fue absorbida por CaixaBank en los peores momentos de la crisis.

La Audiencia investigó en este proceso la comisión de un posible delito societario, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal.

El caso contra Nin

Después, de esa querella surgió otra. Esta vez contra Juan María Nin. El motivo: la indemnización de 15 millones de euros que CaixaBank decidió entregarle, tras haber recibido ayudas públicas por la absorción de Banco de Valencia.

En estas dos ocasiones, el banco presentó recursos para pedir el archivo de la investigación y contó con el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró enfrente con el juez, que insistió en investigar los hechos. Finalmente, la Audiencia Nacional decretó el archivo provisional de la causa en febrero de este año.

Pero la insistencia de los dos querellantes ha dado poca tregua al banco, que ahora tendrá que afrontar la nueva investigación judicial, con el consiguiente «daño reputacional» que sufrirá la entidad por el proceso decida lo que decida el juez.