Las cadenas de supermercados frente a la reducción de jornada: «Destruyen la negociación colectiva»

El sector de los supermercados se ha pronunciado acerca de cómo podría afectarles el hecho de que se acabe aplicando la jornada laboral de 37,5 horas. En concreto, ya se ha establecido que el coste para el conjunto del comercio de la aplicación de esta medida rozaría los 2.900 millones.

Como consecuencia de ello, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que cuenta entre sus asociados con El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Tendam o Alcampo, ha sido la primera asociación de este gremio en señalar que una reducción lineal de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que no tenga en cuenta la vigencia del convenio pactado ocasionará un coste económico de 461 millones de euros a la distribución.

Sin embargo, no ha sido la única que se ha pronunciado con respecto a este tema, ya que la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), integrada por Supermercados del Grupo Carrefour, Simply, Supercor y Supercor Exprés, Eroski y Lidl, también ha hablado de las posibles consecuencias de esta medida.

 Repercusiones para los supermercados

Como ha indicado a OKDIARIO, Aurelio del Pino, presidente de ACES, «las repercusiones de la reducción de la jornada máxima legal son muy importantes para todos los sectores, según está trasladando CEOE al Ministerio y los sindicatos».

Según ACES, la jornada de 37,5 horas no sólo afectaría al nivel económico y a las horas trabajadas, sino que también influiría en los convenios colectivos y en la gestión de las compañías. «El impacto se produce no sólo en términos económicos y de número de horas, sino que afecta indirectamente a todos los aspectos negociados en los convenios colectivos que vinculan las modalidades de contratación, la retribución, la gestión de las empresas y el ejercicio de los derechos de los trabajadores al máximo de la jornada legal o a la jornada pactada», explica del Pino.

Altera la negociación colectiva

Además, desde ACES señalan que si se aprueba la reducción de jornada, esto implicaría la destrucción de la negociación colectiva. «Una alteración en la jornada máxima legal altera todo el equilibrio de la negociación colectiva al que se ha llegado entre las empresas y los representantes sindicales», aclara.

El horario de apertura también se podría ver influenciado por esta medida. Como indica el presidente de ACES, «en sectores muy intensivos en mano de obra, como es el caso de los supermercados, en el que además hay que garantizar el correcto funcionamiento de las tiendas en los horarios de apertura al público, cualquier alteración del régimen de jornada no puede hacerse al margen del diálogo social, concreto y directo de la empresa o del sector afectado».

Asimismo, del Pino vuelve a hacer hincapié en que causaría desequilibrio en la negociación colectiva. «Una interferencia de este calado supone una enmienda sobre la totalidad de los convenios colectivos que se han negociado (y se negocian) y que están en vigor a día de hoy, rompiendo los equilibrios de la negociación colectiva», explica.

Un coste de 2.900 millones de euros

La patronal Anged ha indicado que el coste laboral de sus empresas asociadas repuntará un 5,8% como consecuencia de la pérdida de más de 24,2 millones de horas de trabajo anuales, con lo que para el conjunto del comercio el coste económico rozará los 2.900 millones de euros y «agravará la brecha de productividad entre grandes y pequeñas empresas».

De igual forma, la economista jefe de Anged, Yolanda Fernández, ha explicado que sus empresas asociadas, que representan el 12,3% del empleo total del comercio, «van a asumir el 16% del coste total de la reducción de la jornada, debido a que prácticamente toda su plantilla la conforman asalariados, frente al conjunto del comercio, donde un 25% son autónomos y no se ven afectados por la medida». No obstante, Fernández también ha destacado que, en términos de productividad, «son las pequeñas y medianas empresas las más perjudicadas».

Asimismo, la asociación Anged ha recordado que hay que tener en cuenta que, en sectores como el comercio, la presencialidad en las tiendas es necesaria, por lo que se necesitan «fórmulas flexibles» para adecuar la organización del trabajo a los ciclos de mayor afluencia de clientes.