Bruselas cuestiona los planes de Sánchez con los peajes: no obliga a cobrar por renta pero sí por uso

Pedro Sánchez busca sacar rédito electoral de todas las medidas que toma y la implantación de peajes en autovías no va a ser una excepción. El Ejecutivo socialista ha planteado la posibilidad de crear un sistema progresivo, en el que se tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario. Con esta medida, el Gobierno quiere llevar su obsesión por la lucha de clases y los impuestos a «los ricos» al pago de peajes por el uso de las carreteras, que entrará en vigor en 2024, pese a que Bruselas sólo exige que se module por su uso.

La Directiva europea 2022/362, por la que se modifican las directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por lo que respecta a la aplicación de gravámenes a los vehículos por la utilización de determinadas infraestructuras, recoge que la tarificación de estas vías puede adaptarse a criterios socioeconómicos, pero estos deben estar relacionados con la frecuencia de uso de las mismas, y no por sus ingresos o rentas como pretende el Gobierno.

«Debe instarse a los estados miembros a que, cuando apliquen los regímenes de tarificación de las infraestructuras viarias para los turismos, tengan en cuenta los factores socioeconómicos. Por ejemplo, las tasas para los turismos se pueden modular, a fin de evitar una penalización excesiva de los usuarios frecuentes» reza el documento. El cobro por el uso de las carreteras viene impuesto por la Comisión Europea como condición para la entrega de los fondos europeos, y el Gobierno lo ha incluido en el plan presupuestario enviado a Bruselas.

Asimismo, Bruselas advierte del riesgo que supone para las pequeñas empresas la imposición de peajes, pidiendo una especial protección a este tipo de usuarios. Una situación a la que la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ni siquiera ha hecho referencia.

Y es que, algunos estados miembros disponen de grandes redes de peaje que, además de las autopistas y las carreteras que forman parte de la red transeuropea de transporte, incluyen muchas otras más. Por lo tanto, la aplicación de peajes o tasas por utilización a todos los vehículos pesados de transporte de mercancías daría lugar a cargas mucho más acusadas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas artesanales -gran parte de las cuales están implicadas en obras de construcción y normalmente no contratan servicios de transporte-.

Estas cargas conducirían, a su vez, a un aumento de los precios, por ejemplo en el sector de la construcción. Los incrementos de precios podrían suponer que se pospongan o incluso se anulen futuras inversiones en concreto, tales como la renovación energética de casas y apartamentos, así como la modernización de la tecnología aplicada a la vivienda. Además, las empresas artesanales a veces recorren distancias largas con vehículos para prestar sus servicios, y dichos desplazamientos no pueden llevarse a cabo fácilmente mediante el uso de otros modos de transporte.

Por su parte, las empresas de zonas rurales, que, a causa de la escasa demanda y densidad de población de estas zonas dependen de su capacidad de prestación de servicios y de las actividades de construcción en las zonas metropolitanas, se encuentran en desventaja competitiva respecto de empresas que operan en grandes ciudades o en las afueras de las zonas metropolitanas.

«Por consiguiente, debe darse a los estados miembros la opción de establecer determinadas exenciones de gravámenes, como los aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de materiales, equipos o maquinaria destinados a ser utilizados por el conductor en el transcurso de su trabajo o utilizados para la entrega de bienes producidos artesanalmente» apunta la directiva europea.