El Banco de España calcula que el Gobierno gastará 3.500 millones más en pensiones por la inflación

Malas noticias para el Gobierno de Pedro Sánchez. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este lunes de que la escalada de precios por las previsiones inflacionistas podría elevar el gasto en pensiones estimado en el presupuesto de 2022 en unos 3.500 millones de euros.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario para 2022, Hernández de Cos ha constatado «ciertos riesgos de desviación al alza» en el gasto en pensiones presupuestado. Así, si la inflación sube más de lo estimado, el gasto en pensiones podría elevarse en unos 1.500 millones en 2022, a lo que habría que sumar otros 2.000 millones por la compensación de las pensiones de 2021.

Hernández de Cos ha insistido en que «sigue siendo necesaria una revisión del sistema público de pensiones que garantice su sostenibilidad», un proceso que debe abordarse con «transparencia» para que los ciudadanos puedan «planificar convenientemente sus decisiones de trabajo y jubilación, y de consumo y ahorro».

«En la medida en que el gasto en pensiones se financia mayoritariamente mediante transferencias intergeneracionales de renta, dicha reforma ha de diseñarse teniendo en cuenta también la distribución de costes y beneficios entre las distintas generaciones», ha señalado el gobernador.

Sostenibilidad de las cuentas públicas

Así, ha señalado que la traslación al Estado de parte de los gastos de la Seguridad Social sanea este subsector «a costa de aumentar las obligaciones financieras del Estado», lo que tiene un impacto «nulo» en la sostenibilidad de las cuentas públicas en plena ‘fiesta del gasto’ del Gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, ha advertido de que «el déficit estructural del sistema volverá a ampliarse en los próximos años» si no se adoptan medidas adicionales para aumentar los ingresos del sistema o contener los gastos, como reducir la «tasa de beneficio» o aumentar la edad efectiva de jubilación.