La gran banca cree que el fin del impuestazo está cerca tras verse con Sánchez: «Ningún país lo mantendrá»

Los responsables de los principales bancos del país que han sido citados a lo largo de los últimos días en La Moncloa por el presidente Sánchez en un intento de restablecer la normalidad en las relaciones entre el Gobierno y el mundo empresarial mantienen «la esperanza» de que el impuesto extraordinario que soportan desde 2022 sobre sus ingresos -y ha castigado severamente su cuenta de resultados- pueda desaparecer en 2025, o, como mínimo, quedar reformulado de tal manera que su impacto sea lo más limitado posible.

Entre los que ya se han visto con Sánchez están Ana Botín, presidenta del Santander, Carlos Torres, al frente de BBVA, e Isidro Fainé, que es desde hace décadas el hombre fuerte del grupo que gira en torno a La Caixa. Pero el plan del presidente es seguir recibiendo a los responsables de las compañías más destacadas del país para tratar de hacer borrón y cuenta nueva en unas relaciones presididas hasta ahora por una insólita hostilidad y la beligerancia del Gobierno contra los empresarios, reconocida abiertamente por Sánchez en estos encuentros privados en los que muestra su deseo de abrir una nueva etapa, acosado como está por múltiples frentes políticos.

En lo que se refiere al sector financiero, y aunque el presidente no quiso ser concreto sobre el futuro del impuesto extraordinario establecido hace dos años con el pretexto de paliar los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania -y así poder mantener una intensa expansión del gasto público-, todos los banqueros que se han reunido con él han insistido en que, de seguir adelante con los planes para convertir la nueva tasa tributaria en permanente, España se quedaría «completamente aislada en Europa».

«Pasaríamos a ser el único país del continente en seguir contando en 2025 con este impuesto, que se concibió de manera temporal -por dos años, que se han prolongado a tres, extendiendo su vigencia durante el ejercicio actual». El resto de los estados comunitarios que también lo establecieron «ya han decidido que lo van a eliminar», insistieron los responsables del sector. «Nos parece que este es un argumento muy sólido que será tenido en cuenta por el presidente», coinciden en señalar las fuentes al tanto de las conversaciones.

Adicionalmente, el Gobierno español ya ha recibido avisos por parte del Banco Central Europeo de que se opondrá firmemente a que la tasa adquiera un carácter estructural. Según los medios consultados, la transformación de este gravamen en una carga fiscal de carácter ordinaria y corriente, encarecerá el crédito y aumentará todavía más el coste de las hipotecas, una circunstancia a la que tampoco ha sido ajena el banco central, al subir vertiginosamente los tipos de interés desde el 0% al 4,5% en poco más de un año con el objetivo de combatir la inflación.

En opinión del BCE, un impuesto de esta naturaleza «podría dar lugar a que los bancos ofrezcan condiciones menos favorables a sus clientes al proporcionar préstamos y otros servicios, y también puede inducir a ciertas entidades a reducir sus actividades, lo que llevaría a una merma en la disponibilidad de crédito, creando incertidumbre general en el sector». El BCE temió desde el principio que la iniciativa adoptada en varios países europeos, y que se baraja consolidar en España, cierre el grifo de crédito e impulse al alza el coste de los préstamos.

En las conversaciones mantenidas por el presidente, de manera separada, con los líderes empresariales, y a pesar de admitir su mala relación con la vicepresidenta Díaz -que es la que más presiona para consolidar los impuestos a la banca y a las energéticas, habiendo fiado a ello su apoyo al Gobierno-, Pedro Sánchez no ha querido ser explícito sobre las decisiones que adoptará al respecto.

Es verdad que la renuncia a elaborar unos presupuestos generales del Estado para 2024 ha situado estas figuras tributarias en un limbo normativo -pues deberían haber sido reguladas en la correspondiente ley de acompañamiento que ahora no va a existir-,  pero «el presidente no ha sido del todo claro sobre qué hará finalmente, a pesar de haber prometido que se empleará al máximo en frenar las ocurrencias de Díaz», que le suponen «un calvario». Según los medios consultados al tanto de estos encuentros, los banqueros confían en que al final se imponga el sentido común y que no salga adelante la continuidad del impuesto.

Hay otras fuerzas y circunstancias que empujan, sin embargo, en favor de consolidar los nuevos tributos en el tronco y raíz del sistema fiscal. Y no sólo es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha hecho casus belli de esta cuestión, y que la explotará al máximo, dada su creciente debilidad política tras el fiasco de las elecciones gallegas y su aparente incapacidad para consolidar la marca Sumar. 

También la vicepresidenta, ministra de Hacienda y número dos tanto del Gobierno como del Partido Socialista, María Jesús Montero, se muestra en principio en favor de perpetuar estos impuestos de nueva generación, acuciada como está por elaborar unos presupuestos para 2025 que plantean una suerte de cuadratura del círculo: ser lo suficientemente expansivos para continuar con los programas de asistencia social y satisfacer las demandas de gasto de los socios y aliados del Gobierno -a fin de asegurar la permanencia de Sánchez en La Moncloa- así como, al mismo tiempo, cumplir con las reglas fiscales de la UE que están a punto de entrar en vigor y obligan a reconducir el déficit público hasta el 3% del PIB.