La banca contra la comunista Díaz: espera que Cuerpo convenza a Sánchez y el impuesto no sea permanente

La banca española está en pie de guerra contra la vicepresidente segunda del Gobierno, la comunista Yolanda Díaz, que quiere vender caro su apoyo a los Presupuestos del Estado de Sánchez y exige, a cambio, que mantenga con carácter permanente el impuesto extraordinario al sector financiero. Los principales bancos del país consideran que «esta pretensión sería letal para los intereses del sector», no sólo porque perjudicaría gravemente a los accionistas, sino porque impediría financiar la economía española en condiciones de igualdad con sus competidores internacionales, provocando al mismo tiempo la continuidad del grave quebranto provocado en su cuenta de resultados.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el sector -representado por la Asociación AEB que dirige Alejandra Kindelán- espera que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el que ha establecido una buena sintonía, sea capaz de persuadir al presidente Sánchez para que, tal y como les ha anunciado, primero cambie la naturaleza del impuesto, de modo que se parezca más a algunos gravámenes similares, pero menos lesivos, establecidos en otros países europeos, y finalmente consiga que no se consolide estructuralmente, es decir, que no sea permanente, para que su impacto sobre los beneficios se disipe lo máximo posible.

«Confiamos en que Cuerpo haga todo lo necesario para que el presidente pare los pies a Yolanda Díaz, que cada día tiene una ocurrencia en la misma dirección de atentar contra la iniciativa privada y la libertad de empresa -esta misma semana se ha pronunciado en contra de los horarios de los restaurantes-«, insistieron. «Pensamos que su influencia en el seno del Gobierno es ahora más limitada después de los resultados de las pasadas elecciones en Galicia, pero nos preocupa mucho que haya convertido el impuesto a la banca en una especie de emblema para decidir su apoyo a las cuentas públicas, porque es evidente que seguimos ante un Gobierno de coalición, en este caso entre el Partido Socialista y Sumar, la formación que dirige Díaz, y que tienen que llegar a acuerdos», reconocen las fuentes consultadas.

Por el contrario, el nombramiento de Cuerpo al frente del Departamento de Economía, y ya pasado un cierto tiempo, ha resultado ser un respiro para la banca española, acostumbrada a tratar con la ex vicepresidenta Calviño. La opinión del sector privado sobre la nueva responsable del Banco Europeo de Inversiones no es muy positiva: «Si se ha caracterizado por algo, es por su actitud soberbia y prepotente, y la correspondiente displicencia con la que nos ha tratado». Según indican, y por comparación,»la aproximación del nuevo ministro es muy favorable; parece dispuesto a arreglar la situación, se muestra dialogante con las empresas y tiene la voluntad de calmar las aguas y de restablecer normalidad porque es consciente del castigo que estamos sufriendo».

El Gobierno concibió el impuesto con carácter extraordinario por dos años, pero ha decidido extenderlo finalmente un ejercicio más, de manera que estará también vigente a lo largo de 2024. Deben satisfacerlo las entidades de crédito y establecimientos financieros que operen en territorio español y que durante el ejercicio 2019 obtuvieran unos ingresos por intereses y comisiones superiores a 800 millones de euros. Cumplen estos requisitos once entidades: BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar y BNP Paribas.

El importe de la prestación a satisfacer se calcula aplicando el 4,8% sobre el margen de los intereses y comisiones obtenido durante el ejercicio anterior. La obligación de pago nace el primer día del año natural (el 1 de enero) y se deberá satisfacer del 1 al 20 de septiembre, si bien durante los primeros 20 días del mes de febrero se realizará un pago anticipado del 50%. Es decir, la deuda tributaria se liquida en septiembre, pero en febrero se hace un pago parcial de la mitad de su importe.

Ni el importe de la prestación ni el pago anticipado tienen la consideración de gasto deducible a la hora de calcular el Impuesto de Sociedades, por lo que las entidades no podrán desgravarse la cantidad pagada por ese concepto, una circunstancia que, desde el primer momento, ha suscitado el rechazo frontal de los bancos, que han acusado al Ejecutivo de establecer una suerte de doble imposición sobre los beneficios empresariales. 

La banca siempre se ha defendido de las pretensiones recaudatorias del Gobierno -aduciendo como motivo la necesidad de arañar recursos y aumentar el gasto público para paliar los daños provocados por la pandemia y la guerra de Ucrania-, con toda una exhibición de cifras. De hecho, los beneficios de los bancos en España son hoy un 32% inferiores a lo que ganaron en 2007, por ejemplo. Y su actividad en nuestro país -que es la que soporta el impuesto extraordinario- representa menos de la mitad de los beneficios reportados en el año por el conjunto del sector. Esto es especialmente significativo en Santander (España aporta sólo el 21% del beneficio del grupo) y de BBVA (28%).

¿Son muchos 26.000 millones de euros de beneficio?, se preguntan las fuentes consultadas ante el aparente escándalo que han provocado las cifras comunicadas recientemente por las entidades financieras. «Así dicho puede parecerlo, pero no lo es tanto si se compara con los más de 260.000 millones de recursos propios que atesoran los seis grandes bancos españoles (los que cotizan en el Ibex) o con los más de dos billones de euros de crédito (es decir, de riesgo) que gestionan en sus balances».

Por ejemplo, Santander, para ganar 11.076 millones en 2023, gestiona 1,8 billones de euros (el PIB de España no llega a 1,5 billones), con la complejidad de que están repartidos en diez mercados diferentes y ocho monedas distintas, y algo parecido sucede con otras entidades de crédito.