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Economía
Caso Acuamed

Auditoría light en Acuamed… y rápida: «Nos indican que acabemos en 2018 para poder cobrar…»

Un escrito al juez del caso Acuamed del 1 de agosto de uno de los peritos contratados por Medio Ambiente desvela que el ministerio les ha pedido que acaben este año el peritaje light

Francisco Gómez, el perito, asegura al magistrado que desde el ministerio les apremian para poder pagar con cargo a 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez, que en la oposición agitó el ‘caso Acuamed’ para ahogar al PP por la corrupción, no solo ha desobedecido al juez ordenando una auditoría light de cinco de las obras bajo sospecha, que no determinará su precio exacto -clave para ver si hubo sobornos a cambio de inflar los costes-, sino que además ha pedido a los dos peritos que ha contratado que lo hagan rápido, este año, para poder cobrar «con cargo al presupuesto de 2018».

Así se refleja en un escrito enviado al magistrado del caso, Manuel García Castellón, el pasado 1 de agosto y al que ha tenido acceso este diario de fuentes jurídicas.

Según explica en ese escrito José Francisco Gómez, uno de los dos peritos del Colegio de Ingenieros contratados por Medio Ambiente para hacer las auditorías, desde el ministerio que dirige Teresa Ribera les han metido prisa para que acaben ya este año la auditoría. El otro es Pablo Rosas.

Gómez asegura que «tenemos indicaciones expresas del Ministerio de que los trabajos deben terminar necesariamente en este ejercicio para hacer posible su pago con cargo al presupuesto de 2018».

El contrato de Medio Ambiente con los dos peritos fue publicado en el BOE el 24 de julio y el coste final es de algo más de 183.000 euros. Esta es la cantidad que pagará el Ministerio a los dos peritos por auditar las cinco obras bajo sospecha del caso Acuamed. La Fiscalía mantiene el suspense sobre si acepta el peritaje de una sexta, la desaladora de Campello en Alicante.

Sorpresa

El escrito de los peritos ha causado sorpresa en los afectados puesto que se está primando desde el ministerio una auditoría rápida y no completa de las obras bajo sospecha. En su opinión, esto les perjudica puesto que determinar el coste de las obras es básico para saber si se inflaron los precios a cambio de sobornos.

Se trata de una singularidad más en este caso sobre el peritaje de las obras. Como publicó este diario, tres años después de iniciado el caso todavía no existe un informe con el coste de las obras. La fiscal lo ha pedido este año después de que el IGAE y el propio ministerio de Medio Ambiente admitieran que no lo habían hecho.