La Audiencia Nacional levanta el secreto de los documentos del BCE sobre el Popular

La Audiencia Nacional ha decidido levantar el secreto sobre la pieza separada y confidencial que formó con información remitida por el Banco Central Europeo (BCE) en la causa que investiga la caída del Banco Popular en junio de 2017.

Así lo dictamina el magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en un auto en el que ha señalado que dicha documentación del BCE aporta información útil para la investigación en curso, que no se verá perjudicada por el conocimiento de las partes implicadas.

En febrero de este año, el juez solicitó diversa información relacionada con la gestión del Popular a varios organismos, entre ellos el Banco de España y el BCE, al que requirió toda la documentación recabada en los últimos dos años en los que asumió sus labores de supervisión.

Entonces, destacó la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso, antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.

Después, el pasado mes de julio se acordó formar una pieza separada y secreta para todas las partes (salvo para el Ministerio Fiscal) con la documentación remitida por el BCE sobre Popular, con el fin de que fuera estudiada por los peritos judiciales para comprobar si aportaba información útil para la causa.

En principio, el secreto se fijó por un mes, que luego se prorrogó en autos posteriores con fecha del 10 de agosto y 14 de septiembre. Tras finalizar su estudio, los peritos judiciales han trasladado que dicha documentación aporta información útil para el objeto de la pericia, por lo que, proponiéndose no expurgar ninguno de los documentos facilitados por el BCE, se ha procedido a dejar sin efecto dicha medida.

Así, la documentación secreta del BCE sobre Popular se remitirá a las partes personadas y se incorporará a la ‘plataforma cloud’ junto al resto de información sobre la investigación.

Causa contra Ron y Saracho

En octubre de 2017, el juez Andreu admitió a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Acordó entonces la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.