«Ataque frontal»: los mediadores piden que las víctimas de accidentes no tributen por la indemnización

El Consejo General de Mediadores se ha sumado este martes a las peticiones de que el Gobierno dé marcha atrás a la propuesta de obligar a las víctimas de accidentes de tráfico a tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras, lo que han considerado como «un ataque frontal a la base del sistema asegurador que añade un nuevo perjuicio al afectado y aumenta los litigios».

Según han destacado la institución que representa a agentes y corredores en un comunicado  «la medida no tiene sentido y es fruto de la ignorancia de los principios básicos del seguro, en tanto que afectaría al principio de restitución íntegra del daño». La indemnización que reciben las víctimas de accidentes de tráfico, explican, nunca es un incremento patrimonial ni una obtención de renta, sino un resarcimiento de un perjuicio que solo busca reponer en el mismo estado en el que se encontraba la víctima antes del siniestro, y de no conseguirlo, paliar su perjuicio económico.

Además, apuntan que gravar la indemnización de los accidentes de tráfico “aumentaría la carga de trabajo de los tribunales, ya de por sí congestionados, al disparar la presentación de litigios con el objetivo de evitar el pago del impuesto”.

Modificación del IRPF

El anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, que prepara el Gobierno, incluye una modificación en la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que fija este supuesto. De aprobarse, las víctimas de accidente de tráfico tendrían que tributar por la indemnización que reciban si ésta se consigue a través de un pacto amistoso, no siendo así en las percibidas tras un proceso judicial.

La propuesta del Ejecutivo pretende que, para no tributar, se exija que, en aquellas indemnizaciones que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes, intervenga un tercero neutral que haga de mediador y que el acuerdo se eleve a escritura pública.

Esta redacción normativa, a la que el Consejo de Ministros dio el visto bueno en diciembre de 2020 y que actualmente se encuentra en fase prelegislativa, obligaría a formalizar ante notario los acuerdos extrajudiciales, con el nuevo perjuicio económico que pudiera implicar. Además, subrayan  los mediadores, dificultaría cerrar acuerdos de forma amistosa.