Las aseguradoras comienzan a valorar con la sanidad privada los costes antes de acudir a Muface

Las aseguradoras han empezado conversaciones con los proveedores de servicios sanitarios como medida para decidir si acuden al nuevo concierto de Muface, cuya licitación aprobó ayer el Gobierno.

De esta forma, el Consejo de Ministros aprobó este martes la licitación del nuevo concierto para 2025 y 2026 con una subida en las primas del 17,1%, apenas tres puntos porcentuales más que la cifra inicial del 14% y muy alejados de las peticiones del 40% que habían pedido las aseguradoras.

Sin embargo, fuentes del sector insisten en que todavía falta conocer las condiciones de las otras dos mutualidades del sector público, Mugeju e Isfas, antes de tomar ninguna decisión.

Asimismo, una fuente cercana a una de las tres aseguradoras que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios considera que es necesario conocer las condiciones de las tres mutualidades y valorar «todos los factores» antes de tomar la decisión sobre si seguir en este modelo.

En todo caso, la postura entre el sector asegurador es que se trata de una financiación insuficiente que sólo ahonda en los «problemas actuales» del mutualismo administrativo. De hecho, desde fuentes cercanas a Adeslas informaron el martes a Europa Press que aunque la pretensión nunca ha sido ganar dinero, sí que es necesario un «equilibrio» del sistema para no agravar las pérdidas ya sufridas.

Desde la patronal de la sanidad privada, ASPE, también se consideró que la subida de las primas que había decidido el Gobierno era «insuficiente» para cubrir los costes que actualmente tiene este modelo de asistencia.

«Al final tenemos un sistema que se está sosteniendo en el compromiso de los profesionales y de los centros sanitarios, pero con una financiación que es absolutamente insuficiente», aseguró ayer el presidente de ASPE, Carlos Rus, en declaraciones a Europa Press.

Desde la sanidad privada se pide una subida similar a la del 40% que pedían las aseguradoras y que, en todo caso, el 50% de ese incremento se traslade a los centros, además de que el nuevo convenio no suponga una reducción del cuadro de funcionarios.