Aragonés ‘roba’ a cada catalán 115 euros por impuestos propios mientras Ayuso los ha eliminado

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 28/04/2024 06:45
  • Actualizado: 28/04/2024 06:45

Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, que opta el próximo 12 de mayo a revalidar su cargo en las elecciones autonómicas, ha ingresado 922,2 millones de euros de los catalanes por los impuestos propios de la región, según el último informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre tributación autonómica, referido a 2023. Aragonés tiene 11 impuestos propios activos, que le han reportado esos 922,2 millones de euros. A cada catalán -8,02 millones según el INE- le corresponderían 115 euros.

Mientras, en la Comunidad de Madrid los impuestos propios son cero euros. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, tomó la decisión de eliminar todos los impuestos propios que estaban vigentes desde el 1 de enero de 2022.

De acuerdo con los datos de Hacienda, Cataluña es la región española con más impuestos propios. En concreto, el gobierno independentista catalán tiene vigentes once impuestos autonómicos, frente a los seis de Galicia, Asturias y la Comunidad valenciana.

Los impuestos vigentes en Cataluña en 2023, que siguen en este 2024, son los siguientes:

• Gravamen de protección civil (recaudó 4,02 millones de euros).
• Canon del agua (444 millones).
• Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (11,7 millones).
• Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales (sin efecto).
• Canon sobre la incineración de residuos municipales (sin efecto).
• Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción (sin efecto).
• Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales (sin efecto).
• Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (89,7 millones de recaudación en 2022).
• Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial (6,1 millones).
• Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria (0,72 millones).
• Impuesto sobre las viviendas vacías (2,43 millones).
• Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas (29,9 millones).
• Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (42,9 millones).
• Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas (0,66 millones).
• Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente (200,8 millones de euros).

Mientras Cataluña acumula esos once impuestos propios, el resto de regiones cargan a sus ciudadanos -y también a empresas, como el impuesto a la aviación comercial o a la industria- con menos tasas. Madrid no tiene ninguno desde 2022; Castilla y León sólo tiene uno; Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias suman tres; Cantabria, cuatro; Aragón, Murcia y La Rioja tienen cinco tasas propias; Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana, seis.

Cataluña es, por tanto, la región que más ha recaudado, seguida por Galicia, que ha ingresado 686,5 millones, y de la Comunidad valenciana, con 223 millones -aunque la recaudación de varios de sus impuestos propios no está disponible-. Andalucía ingresó 191,6 millones por sus tasas autonómicas. Hay que señalar también que el peso de estos impuestos en los ingresos totales de las regiones es mínimo, no superior al 2% del total.

La acusación que se ha hecho al Ejecutivo autonómico catalán ha sido la de utilizar esos fondos para financiar las embajadas en el exterior, que sirven para fomentar su política de presentarse en el extranjero como un país al margen de España, y otros gastos del proceso independentista.

Ahora, de cara a las elecciones del próximo 12 de mayo, los partidos independentistas están exigiendo en la campaña que la Administración central ceda al Gobierno autonómico la gestión de todos los impuestos, una suerte de cupo catalán a imagen y semejanza del cupo vasco.

Los expertos ya han dicho que eso no es posible porque rompería la financiación del resto de autonomías y los servicios básicos de otras regiones estaría en peligro. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha hecho declaraciones públicas en contra de esa propuesta.