Andalucía pretende cerrar 93 entes y empresas públicas hasta 2022 y Valencia apenas diez

Andalucía prepara un ambicioso plan de reducción del entramado institucional mientras que otras comunidades autónomas siguen sin controlar sus finanzas públicas.

La Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno ha incluido en el plan de ajuste exigido por Hacienda para evaluar la condicionalidad fiscal del mecanismo de apoyo de liquidez de las CCAA para 2020 que pretende cerrar 93 entes públicos, entre consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones y organismos autónomos.

En cambio, la Comunidad Valenciana que preside Ximo Puig, en este mismo documento del Ministerio de Hacienda anuncia que apenas reducirá en 10 empresas su entramado institucional.

En términos relativos, Andalucía reducirá el 34% de su sector público autonómico y Murcia un 13%. En cambio, el ajuste esperado en Valencia es de apenas del 7,8%, lo que sugiere que el plan de recorte es mucho menor en la autonomía liderada por el PSOE que en las dos gobernadas por el PP.

El plan de ajuste de Andalucía contempla la reducción de su entramado institucional, heredado de Susana Díaz, de los 266 entes que había en enero de 2020 a 173 el 1 de enero de 2020. El año de la mayor parte del ajuste será 2021, cuando el Gobierno de Juanma Moreno pretende reducir su entramado empresarial por debajo de las 200 compañías, concretamente a 189. En conjunto, se pretende acabar con 72 consorcios, 23 sociedades mercantiles, 8 fundaciones y 2 organismos autónomos.

En cambio, el plan de ajuste previsto por la Comunidad Valenciana de Ximo Puig es bien distinto. En la actualidad esta comunidad autónoma tiene 128 entes (a 1 de enero) y pretende reducir tan sólo diez empresas en dos años, hasta 2022. Finalmente se quedaría con 118 consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones u organismos autónomos. De los consorcios sólo cerrará uno; sociedades mercantiles, ninguna, fundaciones, nueve, y organismos autónomos, también ninguno.

Murcia, donde gobierna el PP con el apoyo de Vox y Ciudadanos, reducirá en seis su entramado institucional, pero ya desde julio de 2020. Es decir, que apenas tardará seis meses y ya tiene un número de entes más reducido, de apenas 46 en la actualidad. Se quedará con 40.

Dirigentes de la Junta de Andalucía criticaron a finales de 2019 lo que consideraban «una intervención» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de las cuentas de la comunidad. En realidad, la intervención, que lo que implica es que la región no puede salir por su cuenta a los mercados a pedir financiación, se produjo por los desajustes en el déficit del año 2018, cuando aún gobernaba el PSOE. El plan de ajuste que ahora ha presentado Hacienda sobre las cuentas de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana responde a esta decisión del Ejecutivo central.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tras una reforma en 2015, establece que las Comunidades Autónomas que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un plan de ajuste, cuando sea preceptivo, que sea consistente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública e indicando que este Ministerio publicará información relativa a los mismos. Estos son los planes que han tenido que presentar Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, fechados en marzo de 2020, cuando estalló la crisis del coronavirus.

Por ejemplo, en los planes pactados con Hacienda también se muestra que la Junta andaluza cumple con la ley de morosidad, que obliga a que el periodo medio de pago a los proveedores por parte de las administraciones ea inferior a 30 días. En cambio, Murcia y la Comunidad Valenciana no lo hacían, al menos a finales de 2019 que es cuando ofrecen datos.  En Murcia ascendía a 75,9 días según el documento del ministerio de Montero, en Valencia a 39,2 días y en Andalucía se sitúa en 26,4 días.

Además, en los documentos de Hacienda se muestra que ninguna de las tres regiones tienes previsto hacer un acuerdo de «no disponibilidad». Es decir, recortes.

El Gobierno central, culpable de que Andalucía no tenga superávit

Mientras tanto, agencias de ráting como Standard & Poor’s reconocían recientemente que regiones como Andalucía habrían registrado superávit en términos de contabilidad nacional si el Gobierno de Sánchez les hubiese transferido la recaudación del IVA de diciembre de 2017, una deuda que asciende a más de 535 millones de euros.

La Agencia de calificación de riesgos apuntó en su último informe que la gestión presupuestaria de Andalucía en 2019 como una de las mejores entre las comunidades autónomas españolas. Sostiene que la comunidad ha demostrado un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y las políticas de consolidación fiscal. En cambio, en el conjunto de España la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, provocó un desfase en el déficit público en 2019, que se disparó al 2,8%. Un mal punto de partida para afrontar una crisis como la que encara España durante 2020.