Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña tienen los ayuntamientos que más incumplen sus planes de ajuste

En total, hasta 660 ayuntamientos de toda España recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. La mayoría de esos consistorios pertenecen a Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Según figura en una respuesta escrita del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, se enviaron requerimientos por este incumplimiento a 201 entidades locales andaluzas, casi un 26 % del total de las que existen en la comunidad; 88 valencianas, y 82 catalanas.

Sin embargo, si se atiende solo al porcentaje, son Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias las que cuentan con una mayor proporción de municipios incumplidores. Por provincias, destaca sobre todo el incumplimiento en Valencia, con 56 de estas entidades que han sido apercibidas por carta; Madrid, con 44, o Sevilla, con 33.

Por el contrario, el menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia, tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso.

Las comunidades forales de País Vasco y Navarra no aparecen en este listado por no ser de régimen común, ya que su financiación se realiza mediante los sistemas singulares de concierto y convenio, respectivamente.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Además, el Ministerio de Hacienda y Función Pública debe publicar la información relativa a los mismos, como el mecanismo de liquidez por el que se ha requerido el plan de ajuste, así como la fecha de aprobación por el órgano autorizado de la corporación local.

Ante estos datos, Heredia reprocha al Gobierno que utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales.

Para Heredia las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema», según ha manifestado a Efe.

En este sentido, considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

El diputado socialista critica que a los ayuntamientos con superávit y las cuentas saneadas no se les haya permitido gastar, y ahora se haya aprobado un decreto ley para reinvertir ese superávit que «no basta», por lo que es necesario seguir trabajando para solucionar la problemática de los ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de febrero una iniciativa de Compromís en la que reclamaba una cláusula para que los ayuntamientos puedan cancelar las operaciones de préstamo con el Fondo de Financiación de los Pagos a Proveedores y dejar así de estar sujetos a los respectivos planes de ajuste.

En el texto, aprobado en la Comisión de Hacienda, se insta al Gobierno a adoptar un real decreto ley de forma urgente para que los ayuntamientos que cumplan ciertos requisitos puedan concertar nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar total o parcialmente su deuda pendiente con el Fondo.

Se trata de facilitar que los entes locales puedan finalizar los planes de ajuste que permitieron formalizar estas operaciones. En todo caso, para estos nuevos endeudamientos será preciso que los ayuntamientos soliciten autorización del Ministerio de Hacienda.