La Airef critica al Gobierno su falta de ambición en el control de las políticas y el gasto públicos
Su presidenta pide cambios para reforzar su independencia, más recursos y libertad para las políticas a evaluar
La Airef avisa al futuro Gobierno de que vigilará más de cerca que nunca su plan económico y fiscal
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La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha criticado este miércoles la pérdida de ambición del Gobierno, que considera «evidente», a la hora de evaluar la evaluación de las políticas públicas, con encargos cada vez de menor alcance. La responsable del organismo creado para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, reclama cambios en la Ley Orgánica con el que fue constituido con el fin de que la Airef gane autonomía a la hora de decidir qué gastos se analizan, obtener un «blindaje legal que sí tiene la supervisión fiscal,» acometer cambios estructurales que la doten a la Airef de «los recursos económicos y humanos necesarios» y asegurar su autonomía en la toma de decisiones.
Herrero reclama una mayor autonomía en la definición tanto de los asuntos público que se estudian y su alcance. Según ha denunciado, no se ha tenido en cuenta la opinión de la Airef en la elección de los asuntos que se abordarán en el segundo programa de revisión del gasto público. En defensa de esa anhelada mayor autonomía de la AIReF, su máxima responsable señala que pese a que las labores de evaluación son una de las principales actividades de la institución, no gozan del «blindaje legal «que sí tiene, por ejemplo, la supervisión fiscal.
La presidenta de la institución apunta, además, la «tendencia a reducir el alcance de las evaluaciones», tanto en calidad («es una lástima -dijo- que hayamos abandonado el ámbito sanitario») como en cantidad. Tanto es así que el alcance económico de las evaluaciones realizadas marca una profunda curva a la baja en los últimos años:
- 33.000 millones de euros en la primera fase
- 57.000 millones de la segunda
- 18.000 millones en la tercera y
- 10.000 millones en la primera fase del segundo programa (ya en curso).
Una razón clara para reforzar la autonomía de la Airef y dotarla de los recursos humanos y económicos necesarios, ya que aseguraría una fiscalidad más efectiva de cómo se gestionan los fondos públicos.
En defensa de la autonomía de la Airef, Cristina Herrero criticó el hecho de que leyes recientes recogen la evaluación de ciertos aspectos realizada por la institución (al margen del programa de revisión del gasto) sin siquiera consultarla previamente. Eso, asegura,»encaja mal» con una institución independiente y con autonomía funcional.
«No estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas», ha asegurado Herrero, porque carecen de «objetivos concretos y cuantificables» que permitan saber si están funcionando. Como ejemplo, señaló que, para definir qué se considera pobreza en el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se encuentra con escasa información que, incluso, en ocasiones no está disponible.
La máxima responsable de la AIReF reclama también «un compromiso real» de las distintas administraciones e instituciones públicas con la evaluación de su actividad. Es decir, que los encargos lleven aparejado un programa de acción que permita a la institución planificar sus recursos y una apuesta por estudiar «bajo el paraguas de un encargo transversal» materias comunes a todas las autonomías, como la Sanidad o la Educación, que ahora se abordan con encargos fragmentados por regiones. Es decir, a mayor autonomía de la Airef, mayor calidad de la supervisión que realiza.
Coordinar las ayudas a empresas
Herrero ha realizado estas declaraciones durante la presentación del tercer informe Spending Review, titulado Instrumentos financieros del sector público para el apoyo a los sectores productivos de la economía española y la gestión de los residuos urbanos. Un estudio que incluye el gasto derivado de la asistencia del mutualismo administrativo.
Por lo que respecta al estudio de los instrumentos financieros, la Airef ha detectado que hay problemas de coordinación entre las diferentes agencias, con solapamientos e, incluso, conflictos competenciales. Además, este modelo ‘multiagencia’ dificulta el acceso de las empresas a los instrumentos de ayuda públicos.
En el estudio, la Airef plantea varias propuestas para mejorar la coordinación y la planificación de los instrumentos financieros. Entre ellas, la creación de un grupo de trabajo que promueva la complementariedad; una planificación estratégica agregada del conjunto del sistema; un repositorio común de información y un portal que aglutine el conjunto de la oferta de instrumentos.
Como ejemplo, la institución detecta el «solapamiento» en las ayudas a la industria. En concreto el solapamiento de los instrumentos destinados a la innovación de la industria de la Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y los instrumentos del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y los del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Aunque no es el único caso. En el ámbito de la innovación y digitalización ocurre algo parecido con los instrumentos financieros gestionados por ENISA, el CDTI e ICO-AXIS.
En las ayudas financieras a la internacionalización, el organismo que preside Cristina Herrero detecta la falta de objetivos de ejecución claros y medibles; además de mecanismos de control que, en determinadas ocasiones, están mal diseñados y, por tanto, limitan el volumen de las operaciones.
En el ámbito de la recogida de residuos, la Airef constata que España ha incumplido los objetivos para 2020 de preparación para la reutilización o el reciclaje (40,5 %, frente al 50 % comprometido) debido, en parte, a la propia carencia de información por parte de las entidades locales.
Para solventarlo, la institución propone la puesta en marcha de herramientas e instrumentos que ya funcionan en otros países, como la recogida de residuos puerta a puerta, que se ha comprobado que aumenta la recogida separada, o establecer un sistema de pago por volumen de generación de residuos en lugar de las actuales ‘tarifas planas’.
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