Los afectados por la resolución del Popular confían en el nuevo informe de Deloitte para reclamar a la UE

Los múltiples despachos de abogados que defienden los intereses de los afectados por la intervención y posterior resolución del Banco Popular esperan que el nuevo informe de valoración que realizará Deloitte les sirva para defender sus reclamaciones ante el Tribunal Superior Europeo de Justicia de Luxemburgo (TSJUE).

Según ha señalado la Junta Única de Resolución (JUR), la firma de servicios profesionales que realizó la primera valoración (Deloitte) también será responsable de elaborar otra que será entregada al organismo comunitario en el primer trimestre de 2018. El pasado septiembre OKDIARIO avanzó que la auditora que preside en España Fernando Ruiz no había recibido el encargo, pero ahora la máxima responsable de la JUR, Elke König, lo ha admitido públicamente.

El el sector financiero se teme que el anuncio de König forme parte de una estrategia para diluir la responsabilidad de la JUR en la caída del Banco Popular. De hecho fue precisamente el departamento de König fue el responsable de filtrar a Bloomberg y Reuters que la entidad financiera española estaba bajo la lupa de la institución, lo que provocó la caída de las acciones del banco y precipitó la huída de depósitos que concluyó en una crisis de liquidez sin precedentes en el mercado financiero español.

Fuentes comunitarias indican que este segundo informe se centrará en determinar si los accionistas y acreedores incurrieron en más pérdidas tras la resolución que las que habrían sufrido en el caso de que la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a las normativa española, según han informado fuentes europeas. Este tipo de análisis contrafactuales son polémicos y son utilizados como armas arrojadizas, tanto por parte de los abogados defensores como de los acusadores.

Desde la JUR se indica que este segundo informe será publicado en su integridad, aunque los demandantes que han llevado la resolución a los tribunales dudan que König cumpla su palabra; especialmente ahora que ha sido reelegida para seguir al frente del organismo a pesar de que su responsabilidad en la caída del Popular todavía no ha sido aclarada.

De hecho, los detalles del primer informe de valoración que hizo Deloitte por encargo de la JUR todavía permanecen en secreto. Fuentes del Ministerio de Economía que han visto ese documento indican que la auditora contemplaba tres valoraciones para el Banco Popular: una pesimista que atribuía un agujero de 8.200 millones de euros al balance de la entidad, otro neutro con una tasación de 2.000 millones negativos y un tercero favorable en el que el banco valdría 1.500 millones de euros.

La JUR, a través del Banco Central Europeo (BCE), sólo hizo públicos los dos primeros escenarios, ya que el tercero podía sembrar dudas sobre la actuación de las autoridades comunitarias a la hora de forzar la resolución del banco español.

Los querellantes afirman que la decisión de la presidenta de la JUR, respaldada por el BCE, de mantener el informe en secreto alegando que incluye “información confidencial”, atenta contra los “derechos fundamentales de los más de 350.000 afectados por la expropiación y expolio a la que se vieron sometidos la noche del 6 de junio” cuando las acciones del Popular pasaron a valer cero euros antes de venderse la entidad al Banco Santander.

Según la JUR la divulgación del primer informe de Deloitte sin censura «socavaría la protección de los intereses comerciales del Banco Popular y de su comprador», el Banco Santander, porque contiene «secretos empresariales muy delicados, cuya revelación podría interferir con la gestión del negocio». Konig comparecerá la próxima semana en la Comisión que investiga en el Congreso de los Diputados la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro .