Economía
Audiencia Nacional

Los afectados recurren el archivo de la ampliación del Banco Popular en 2012 y piden que declare Linde

Creen que el exgobernador del Banco de España debe aclarar lo que sabía de la situación del Popular

  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Los afectados por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012 han recurrido el archivo de la causa por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El recurso se basa en que el magistrado no tiene en cuenta el informe completo de los peritos del Banco de España y solicita nuevas diligencias, entre ellas la declaración del anterior gobernador, Luis Linde.

Este recurso se dirige al juzgado del propio Pedraz; si, como es previsible, éste se ratifica en el sobreseimiento provisional, los querellantes lo elevarán a la sala. En él se critica la «lectura superficial y acrítica» que hace el juez del informe de los peritos del Banco de España sobre aquella operación, ya que no tiene en cuenta gran parte de las conclusiones del mismo.

Como informó OKDIARIO, este informe en el que se basa el archivo reconoce que el Banco Popular arrastraba una enorme morosidad al menos desde 2008 que ocultó al mercado, a consecuencia de la cual debería haber sufrido pérdidas en las cuentas de 2011, las que se usaron para la ampliación de capital de 2012. Dichas pérdidas no se reconocieron ni se informó a los inversores en el folleto de la ampliación de la existencia de esa morosidad no provisionada.

El citado recurso hace referencia a numerosos párrafos del informe pericial de los inspectores Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete, entre ellos uno especialmente contundente: «Considerando todo lo anterior, concluimos que las cuentas anuales de BPE [Banco Popular Español] de 2011 y 2012 no cumplían, en nuestra opinión, con el marco contable del Banco de España en lo que respecta a la clasificación contable de las operaciones crediticias». Dicho marco contable entonces era la Circular del Banco de España 4/2004.

«En resumen, al menos 5.614 millones de € de riesgos normales debían haber figurado como dudosos a cierre de 2011», según el informe pericial. «Estas cifras son materiales dado que el importe total de dudosos de Banco Popular a esas fechas era de 7.323 millones de € (…). Así, la consideración de todos estos riesgos como dudosos a diciembre de 2011 hubiera supuesto una ratio de mora un 76% superior a la publicada» por los gestores del banco que entonces presidía Ángel Ron.

«Las previsiones de este plan de negocio fueron sucintamente comunicadas al mercado. De hecho, en lo que respecta a la evolución de los dudosos, no se indicó la cifra final estimada ni se detallaron las razones concretas del fuerte incremento de los mismos», añade el informe.

Ante lo cual, el recurso, elaborado por el bufete Durán & Durán, concluye que los inversores «no tuvieron la más mínima idea o conocimiento del origen de esas reclasificaciones, ni de que provenían de ejercicios anteriores a 2011 y del propio ejercicio 2012. Ni de que el Banco de España a través de la Inspección tenía detectados déficits y reclasificaciones no realizadas desde el 2008 por miles de millones de euros».

Asimismo, el recurso abre un nuevo frente judicial, que es la ocultación de los verdaderos motivos de la ampliación de 2012: «Constituía una información esencial, ocultada y hurtada a los inversores que, en realidad, era falso el contenido del folleto sobre la causa de la ampliación de capital, dado que era falso que derivase del cambio normativo impuesto por los Reales Decretos 2/2012 y 18/2012, así como por el Memorando firmado por el Gobierno con la UE. Las provisiones y reclasificaciones no realizadas tenían causa en los incumplimientos milmillonarios que el banco llevaba ocultando desde el ejercicio 2008 y que el Banco de España conocía perfectamente».

Los decretos a los que se refiere son los conocidos popularmente como «Decretos Guindos», que dictó el entonces ministro de Economía para obligar a bancos y cajas de ahorros a reconocer sus verdaderas pérdidas en el ladrillo, lo que a la postre condujo al rescate financiero de España.

Diligencias y declaraciones

En vista de todo lo anterior, el recurso sostiene que «el auto de sobreseimiento provisional es prematuro al no haberse agotado la fase de investigación de los hechos al existir diligencias de investigación necesarias, pertinentes y útiles».

Entre esas diligencias, se encuentran la declaración de los peritos para que aclaren las contradicciones entre estas afirmaciones y las de que la ampliación fue un éxito y que la ocultación de estas pérdidas «no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad». Estas últimas afirmaciones están muy influidas por el deseo de no dejar mal a la actual subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, entonces responsable de supervisión el Popular.

Los querellantes también solicitan abundante documentación al Banco de España y al sucesor del Popular, el Santander, así como la declaración de Linde, el gobernador anterior a Pablo Hernández de Cos, y del inspector Ignacio Pardo Cuerdo. Se basan en que ambos «han declarado en la comisión de investigación sobre el sector bancario español, y han manifestado y afirmado hechos que son absolutamente incompatibles y contrarios a muchas de las conclusiones del informe pericial emitido por los peritos del Banco de España, en el presente procedimiento».