Adiós a los alquileres turísticos en esta ciudad de España: el cambio que llega a partir de este día
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En Palma de Mallorca hace tiempo que el debate sobre los alquileres turísticos dejó de ser algo puntual. Y es que, lo que parecía una forma más de aprovechar el tirón turístico se ha convertido en un problema serio para quienes intentan alquilar una vivienda normal. El Ayuntamiento llevaba meses estudiando cómo frenarlo y, esta vez, la decisión llega con un cambio que marcará un antes y un después en la ciudad.
La medida, impulsada por el alcalde Jaime Martínez, busca poner punto final a una batalla que parecía no tener fin. Según anunció durante el pleno municipal de hace unos días, ninguna nueva vivienda podrá obtener licencia para alquilar a turistas, y las 639 ya existentes serán las únicas reconocidas de manera legal. A partir de aquí, todos aquellos que no tengan autorización quedará fuera del mapa. Una decisión drástica que marca un antes y un después para la capital balear. El movimiento no ha sorprendido del todo. Desde hace meses, el consistorio venía avisando de la intención de revisar el modelo turístico de la ciudad, que ha saturado barrios enteros y expulsado a muchos residentes. Esta prohibición, sin embargo, va más allá: supone cerrar definitivamente la puerta a cualquier intento futuro de legalizar nuevos apartamentos turísticos, incluso si alguno de los actuales decide darse de baja.
Adiós a los alquileres turísticos en Palma de Mallorca
El Ayuntamiento de Palma no sólo ha decidido vetar nuevas licencias, sino que ha blindado la medida con carácter retroactivo. En cuanto se apruebe la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), prevista para el pleno de noviembre, la prohibición se aplicará tres meses atrás. Esto significa que nadie podrá intentar registrar una nueva licencia durante ese margen, incluso si lo hizo antes de la aprobación definitiva. Con esta maniobra, el consistorio pretende evitar la avalancha de solicitudes de última hora que suelen acompañar este tipo de restricciones.
En la práctica, el cambio se traduce en el fin de una época. Palma fue pionera en intentar limitar los alquileres turísticos allá por 2018, cuando se prohibieron en viviendas plurifamiliares. Aquella medida, avalada después por el Tribunal Supremo, sólo afectaba a pisos en bloques de vecinos, permitiendo todavía la actividad en chalets o casas unifamiliares. Ahora, sin embargo, el veto será total, abarcando cualquier tipo de inmueble y modalidad de arrendamiento con fines turísticos.
Las 639 licencias que sobrevivirán
En la práctica, la norma deja un número muy claro sobre la mesa: 639 viviendas con licencia podrán seguir funcionando, y ahí se acaba la lista. No habrá nuevas autorizaciones ni posibilidad de intercambiar permisos. Si uno de esos propietarios decide dejar la actividad, la licencia desaparecerá sin opción de sustituirla. El Ayuntamiento busca así que, poco a poco, el número de pisos turísticos se vaya reduciendo de manera natural, sin necesidad de grandes campañas ni enfrentamientos.
El alcalde, Jaime Martínez, ha explicado que esta medida pretende devolver la función residencial a los barrios. Desde hace años, muchos vecinos se quejan de que resulta casi imposible encontrar un alquiler a precio razonable, sobre todo en las zonas más céntricas. Las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb o Booking han cambiado por completo el mercado, y el Consistorio quiere ponerle freno.
Un problema que viene de lejos
El conflicto con el alquiler turístico en Palma no es nuevo. En 2018 ya se vivió una situación similar cuando el entonces consistorio prohibió esta actividad en edificios plurifamiliares. Pese a ello, muchas viviendas continuaron operando en la sombra, amparadas en vacíos legales o licencias poco claras. La sentencia del Supremo en 2023 ratificó aquella restricción, pero la realidad demostró que los controles eran insuficientes.
Además, el Gobierno balear llegó a ofrecer 90.000 plazas de alquiler turístico con la promesa de que irían desapareciendo con el tiempo. No ocurrió así. La reforma de la ley de Turismo de 2017 permitió a muchos propietarios declarar sus viviendas mediante una figura de declaración responsable, lo que en la práctica reabrió la puerta a nuevas incorporaciones. Esas plazas, que no estaban sujetas a un pago por adquisición, terminaron entrando en una especie de bolsa de intercambio entre propietarios. Con la nueva normativa, esa vía queda completamente cerrada.
Fin a los albergues juveniles disfrazados de hoteles
Otro de los puntos que abordará la nueva regulación afecta a los llamados albergues juveniles, un tipo de alojamiento que, según el alcalde, había sido utilizado para burlar la prohibición existente. En sus palabras, «en 2012 el PP prohibió los albergues, y en los últimos ocho años se han aprobado muchos disfrazados de albergues juveniles que operan como hoteles de baja categoría». La intención del actual gobierno municipal es frenar también esa práctica y evitar que se reproduzca el modelo de alojamiento encubierto bajo otra etiqueta.
Esto supone que la prohibición no sólo se centra en las viviendas de uso turístico, sino también en cualquier forma de alojamiento que no cumpla los requisitos del sector hotelero. El mensaje del Ayuntamiento es claro: Palma no quiere más camas turísticas fuera de los canales reglados.
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