Abengoa admite que parte de su negocio depende de la corrupción

Como muchas otras empresas presentes en Latinoamérica, Asia o África y que trabajan en sectores muy regulados, Abengoa opera en países con altos niveles de corrupción. A pesar de que la compañía asegura que cumple los estándares internacionales contra la corrupción, en su Memoria Anual de 2014 considera que corre el riesgo de verse afectada por leyes anticorrupción.

La sospecha de prácticas ilegales con el mundo político llega hasta su ahora todopoderoso presidente, José Domínguez Abascal, imputado por la anterior instructora del caso de los ERE ilegales de Andalucía.

«En algunas circunstancias, el cumplimiento estricto de las leyes anticorrupción choca con las costumbres y prácticas locales»

A lo largo de los últimos años, todas las memorias de Abengoa insisten en que en 2002 “firmó el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, una iniciativa internacional entre cuyos objetivos está “la lucha contra la corrupción”.

En la de 2014, la última publicada, se añade que desde dicho ejercicio es miembro de la ACFE Corporate Alliance.  Se trata de una asociación que “ayuda a las empresas con herramientas y formación específica enfocada a la lucha contra el fraude y la corrupción, así como recursos para la obtención de la acreditación CFE (Certified Fraud Examiner) para los auditores internos involucrados en esta área”.

Sin embargo, en la misma Memoria de 2014, al repasar los “riesgos regulatorios” con los que se puede encontrar Abengoa,  se afirma textualmente: “La compañía puede verse afectada por las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos y leyes anticorrupción similares en el resto del mundo”. El documento asegura que “las normas internas” de la empresa “cumplen con estar normas”.

Pero acto seguido incluye un matiz muy importante: “La compañía opera en muchas partes del mundo en las que ha habido corrupción política y, en algunas circunstancias, el cumplimiento estricto de las leyes anticorrupción choca con las costumbres y prácticas locales”.

El texto sobre esta materia concluye: “La compañía también cuenta con mecanismos internos de control del cumplimiento de estas normas. Sin embargo, no se puede asegurar que estas normas y mecanismos internos protejan siempre a la compañía de los actos criminales que puedan cometer sus empleados o agentes”.

Uno de los países donde Abengoa ha sido sospechosa de prácticas poco éticas ha sido Perú. Bajo la última presidencia de Alan García (2006-2011), la compañía de los Benjumea consiguió contratos con el Estado por valor de 300 millones de soles (unos 85 millones de euros). En 2013, la empresa con sede en Sevilla fichó a García como asesor internacional.