Las 72.000 monedas de plata
Pedro Sánchez no fue el candidato del partido más votado en las pasadas elecciones. Ni el preferido por los españoles para ser el próximo presidente por mucho que Tezanos así nos engañe con unas encuestas que apestan a malversación de caudales públicos. Al socialista le dan igual las urnas y ha doblado su apuesta. El presidente quiere revalidar su sillón en Moncloa cueste lo que cueste: en concreto, con 72.000 millones de euros públicos.
Una cantidad exorbitante que no sale de su partido sino de los impuestos que pagamos todos. Para comprender el terrible agujero que supondría para la Hacienda Pública la condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), traigamos ejemplos a la palestra. Esos 72.000 millones de euros equivalen a más de 6 meses de pensiones, al 80% del gasto sanitario público anual o a casi una tercera parte de las ayudas otorgadas a los desempleados en un año.
Eso sí, en la farisea transacción son igual de culpables oferente y adquirente. Los golpistas catalanes maquillan de “negociación bilateral” lo que a todas luces es una extorsión. No desean un café para todos, sino uno doble y cargado sólo para ellos. Ahora ERC aprieta las tuercas a Sánchez y le recuerda que su región abraza ya los más de 20.000 millones de déficit fiscal. ¿Acaso los culpables de la mala cifra no son sino los propios políticos catalanes encargados de la gestión de su territorio?
Qué ironía el gran golpe de Sánchez. El jefe del Ejecutivo se granjeará el apoyo de los golpistas con las 72.000 monedas de plata acuñadas por los españoles. Con esa abultada calderilla pública logrará volver a traicionar a España. Pero esta tierra quizás resucite y vuelva a sus reglas del gasto fiscal, a los niveles de empleo de 2007 y al deseado y merecido incremento de la renta per cápita de sus ciudadanos.
Esta gran Nación aún espera al político valiente que se atreva a eliminar el FLA y a obligar a las comunidades a buscar financiación en condiciones de mercado. Pero sobre todo a aquel que modifique la ley de forma tal que antisistemas, golpistas y bilduetarras no puedan jamás ser elegibles como representantes políticos ni condicionar la gobernabilidad de España. Porque cada euro de las arcas públicas debería ser cuidado incluso mejor que el ganado por los negocios privados. Esta empresa es demasiado grande como para ser vendida, una vez más, por un Pedro Iscariote.
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