Piden 9 años de cárcel para tres agentes y una funcionaria por estafar 6,2 millones a 34 jugadores
La Fiscalía de Madrid solicita la apertura del Juicio Oral ante la Audiencia Provincial y formula una acusación contra cuatro individuos, tres agentes y una funcionaria pública, por presuntos delitos de falsedad en documento público, aprovechamiento de información privilegiada y estafa a la administración pública y a 34 jugadores profesionales de fútbol y baloncesto que militaron en equipos españoles
Sahin, Altintop y Webó, entre los jugadores afectados por la estafa de 6,2 millones de euros
La Fiscalía de Madrid ha solicitado una pena de nueve años de prisión para tres agentes y una funcionaria pública, así como contra las entidades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L., por presuntamente haber estafado 6.281.078,86 euros a 34 jugadores profesionales de fútbol y baloncesto de nacionalidad extranjera. Los acusados, denunciados también por falsedad en documento público y aprovechamiento de información privilegiada, se habrían beneficiado de las cantidades a las que estos deportistas tenían derecho por las retenciones de IRPF como sujetos pasivos no residentes. El juicio tendrá lugar el martes 22 de marzo.
Sobre los acusados recae una denuncia por solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores. Las cantidades se correspondían con la diferencia existente entre las retenciones de IRPF soportadas por estos jugadores, como sujetos pasivos, en sus declaraciones tributadas efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar al ser sujetos pasivos no residentes. Los deportistas, todos profesionales, no tenían conocimiento alguno de la situación.
Los lista de deportistas implicados en el caso al haber sido suplantadas sus identidades para el delito de estafa asciende a 34, entre los que destacan ex futbolistas del Real Madrid como los turcos Nuri Sahin y Hamit Altintop, del Atlético de Madrid, caso de Florent Sinama-Pongolle y Eduardo Salvio, y otros de sobrada reputación, entre los que pueden encontrarse Emir Spahic (Sevilla), Pierre Webó (Osasuna y Mallorca), Odion Ighalo (Granada), Vitorino Antunes (Málaga), Cristian Zapata (Villarreal) o Nelson Haedo Valdez (Hércules).
Los jugadores profesionales de fútbol que completan la nómina son Massoud Shojaei, Pedro Geromel, Tiago Gomes, Abdel Barrada, Esaid Belkalem, Marius Stankevicius, Jorge Ribeiro, Kris Stadsgaard, Lassad Nouioui, Marvin Ogunjimi, Mouhamadou Sane, Sebastián Gallegos, Hernán Malagueño, Tiberio Guarente, Juan Carlos Paredes, Sebastián Fernández, Aly Cissokho, Vinicius Araujo, Dorlan Pabón y Diego Rodríguez. Junto a ellos aparecen en las diligencias previas, bajo la misma consideración que los anteriores, los jugadores de baloncesto Pete Mickael y Chuck Eidson, ex del Barcelona, y Mirza Begic y Dontaye Draper, con etapa en el pasado en el Real Madrid.
El modus operandi de los acusados responde a un mismo patrón con modificaciones mínimas. En él, habrían solicitado la devolución de la cantidad correspondiente a cada jugador en casos diferenciados y para ello falsificaban la firma de este en el modelo 210, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente. Además, aportaban por norma general un aparente certificado de residencia fiscal del futbolista en otro país, no siempre el de nacimiento del implicado. En algunos casos, se complementaba con un certificado de retención supuesto del club español al que pertenecía el futbolista.
Firmas falsas y transferencias
El total obtenido por los acusados asciende a 6.138.797,86 euros, correspondientes a esos casos. Los implicados aprovecharon que los deportistas designados habían abandonado la disciplina del equipo español en cuestión al que pertenecían para trasladarse a otros países, y esta circunstancia les facilitó lograr sus propósitos al resultar mucho más complicada la localización del jugador al que estaban suplantando.
La obtención de las devoluciones se produjo gracias a la elaboración y presentación del Modelo 2010 de la Agencia Tributaria con la firma falsificada del obligado tributario, junto a los certificados de residencia fiscal y los de retenciones, que se comprobó que no habían sido expedidos por los clubes de fútbol a los que respondían.
Según se informa en el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los deportistas afectados no instaron, ni a ellos ni a través de terceras personas, las devoluciones a la AEAT, no conociendo a ninguna de las personas acusadas que presuntamente actuaban en su nombre. Los acusados obtuvieron un beneficio patrimonial indebido de la Hacienda Pública mediante transferencias de la AEAT a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de devoluciones no solicitadas por quienes legítimamente podrían haberlas reclamado. Las cantidades apropiadas indebidamente suponen un total de 6.281.078,86 euros, al sumar la inicial de 6.138.797,86 euros a otros 142.281, procedentes de transacciones a otra empresa, Linner Corporation NV, también implicada en el caso.
Delitos y propuesta de condena
De las diligencias previas se desprenden los hechos constitutivos de: un delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público y un delito continuado de utilización por funcionario público, por razón de su cargo, de información privilegiada. Todos ellos son previstos y penados por artículos del Código Penal.
Se hace constar por parte del juez instructor el proceso para imponer las penas de siete años de prisión por estafa y dos años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público o delito de utilización como funcionario público y de información privilegiada –por su cargo– para los cuatro acusados, vinculados a las entidades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L. Además, se imponen multas cuantiosas a los acusados e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En el caso de la acusada con cargo de funcionaria pública, se pide la inhabilitación de forma especial para el empleo de este cargo.
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