Comunidad Valenciana
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

La ‘vía valenciana’ frente a la infrafinanciación topa con Montero y el ‘modelo singular’ de Cataluña

La consejera valenciana defiende un modelo "solidario" frente a la "ruptura del sistema" de Cataluña

El Gobierno rechaza la modificación del reglamento del Consejo que daba el control a las autonomías

El Gobierno valenciano mantiene el pulso a la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Y, en la línea de todas las comunidades gobernadas por el PP y alguna que no lo es, como Castilla La Mancha, ha exigido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a la ministra una financiación autonómica solidaria, común y sin singularidades. Es decir, que ha defendido la propuesta «solidaria» del comité de expertos valenciano frente a la «ruptura del sistema» que plantea, precisamente, ese modelo «singular» para Cataluña.

La cuestión de la financiación autonómica es un problema de extrema gravedad para la Comunidad Valenciana. Este territorio aporta mucho más al Gobierno de España, que lo que el Gobierno de España aporta a la Comunidad Valenciana. Y cómo recibe mucho menos de lo que aporta, su déficit va creciendo un año tras otro.

Este lunes, la consejera valenciana de Hacienda Ruth Merino ha participado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En síntesis, las reivindicaciones eran tres. La primera, exigir un fondo de nivelación hasta la aprobación de la reforma de la financiación autonómica que garantizara una «igualdad real» entre españoles, en vez de «plegarse a la ruptura del sistema» que persigue el independentismo catalán. Es decir, lo que se ha dado por llamar una «financiación singular» para Cataluña.

Merino ha insistido en la «desidia» del Gobierno del socialista Pedro Sánchez para aprobar un nuevo plan de financiación autonómica y en lo que considera una «dejación de funciones» de María Jesús Montero, tanto para liderar la negociación como para presentar una nueva propuesta: «Es indignante que siga tirando balones fuera, sin plan y sin ganas de activar la reforma del sistema», ha reprochado la consejera de Mazón a la ministra de Sánchez.

La ‘vía valenciana’ para reformar la financiación

La vía valenciana para la reforma de la financiación es la de la creación inmediata de un fondo de nivelación autonómico de carácter transitorio que compense a las cuatro autonomías infrafinanciadas: Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, en tanto en cuanto se reforma el sistema actual.

La aplicación del modelo valenciano para la reforma de la financiación autonómica tiene un coste inicial de 3.237 millones de euros. De ellos, la Comunidad Valenciana recibiría el primer año 1.183 millones. Y, con ellos, la financiación de la Comunidad Valenciana pasaría de estar en el 91,8% de la media al 96,4%.

La aplicación de este modelo por un periodo de cuatro años tendría un coste total de 6.100 millones de euros. Y, de ellos, la Comunidad Valenciana recibiría 1.782. De este modo, en 2027, este territorio estaría al 99% de la financiación media. O, lo que es lo mismo, prácticamente igualado.

Esa tendencia a igualar los desniveles en materia de financiación, supondría que, a partir del segundo año, entrarían en el grupo comunidades como Galicia, Madrid o Cataluña en calidad de receptoras del fondo de nivelación. Y, así, sucesivamente, hasta el cuarto año. La duración de cuatro años convierte a la propuesta en una iniciativa de legislatura.

Esta vía valenciana, una propuesta «solidaria y justa» según ha explicado Ruth Merino, se sitúa frente a la financiación singular para Cataluña. Que «no sólo es un agravio para el resto de las autonomías, sino que además no tiene el amparo constitucional», según la consejera valenciana.

La segunda reivindicación valenciana tiene que ver con el déficit autorizado para el conjunto del Estado español en 2025, que la ministra ha fijado en un 2,5%. Montero reclama a las autonomías un déficit del 0,1% en ese mismo ejercicio. Y, esto, para la Comunidad Valenciana, no es asumible. Porque, según ha expresado la consejera valenciana, las comunidades asumen el 32% del gasto público y sólo se les autoriza el 4%. En tanto que la Administración del Estado se reserva el 96%. Un desequilibrio evidente.

El Gobierno mantiene el control de Consejo

Tampoco, ha prosperado la modificación del reglamento impulsada por las comunidades del PP para tomar el control del Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante una modificación del sistema de votación. Actualmente, el Gobierno sólo necesita un voto a favor para mantener su control. Y con ese voto, precisamente, ha desestimado la modificación.

Se da la paradoja, según ha explicado Ruth Merino que la ministra Montero reclamaba, cuando era consejera de Andalucía, la modificación a la que ahora se opone.