La revisión de las viviendas del escándalo revela expedientes en que faltan los datos de los cónyuges

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 04/02/2026 16:11
  • Actualizado: 04/02/2026 16:11

La revisión efectuada por técnicos de la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Vivienda acerca de las solicitudes para optar a un piso en la promoción del escándalo en Playa San Juan, en Alicante, ha revelado que hay más expedientes que indican la existencia de separación de bienes entre el solicitante y su cónyuge, sin que se haya aportado la documentación del citado cónyuge.

Este hallazgo, que hoy ha revelado la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, en Alicante, se suma al del pasado lunes, cuando también la Consellería de Vivienda, que la propia Susana Camarero dirige, detectó que el funcionario que validaba las solicitudes era el marido de una de las solicitantes: una arquitecta del Ayuntamiento de Alicante. El funcionario valido la petición de su esposa, a pesar de que el grado de parentesco entre ambos le inhabilitaba para ello.

La Consellería de Vivienda ha solicitado ya esta documentación. Y, ha advertido, también que en caso de encontrarse alguna irregularidad, se trasladará también a la Fiscalía, a través de una ampliación de la denuncia ya presentada.

La Generalitat ha destacado que en el caso de que una de esas viviendas se ponga en venta o en alquiler, los notarios deben comprobar que tanto una como otra acción cumplen la legalidad. En el caso concreto de esta urbanización, hay tres alquileres que han sido considerados como justificados por la Administración. También, se ha pedido permiso para una venta. En ese caso, para evitar cualquier especulación, la Administración va a ejercer el derecho de tanteo y retracto.

La citada promoción de viviendas se encuentra en el epicentro de un escándalo sin precedentes. Su balance ahora mismo suma la renuncia de la que era concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general, María Pérez-Hickman. Rocío Gómez cuenta con un piso en la promoción antes citada. En tanto que, en el caso de Pérez-Hickman, son dos de sus hijos los que tienen cada uno una vivienda.

El caso está en manos de Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante. El PSOE ha elevado allí una denuncia que incluye cinco supuestos delitos y entre ellos los de fraude y prevaricación. El alcalde de Alicante ha trasladado toda la documentación al fiscal de la Audiencia Provincial para que decida qué hacer con ella. Y la Generalitat va a denunciar, también, directamente, el caso, ante esa misma Fiscalía una vez concluya la revisión de los expedientes uno a uno.