Pradas pide a la juez de la DANA lo que otros abogados del caso sugieren: unificar acusaciones

La defensa de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha remitido un escrito a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de este 29 de octubre, que unifique las acusaciones. La petición del letrado Eduardo de Urbano es la que otros abogados de otras partes representadas en el procedimiento vienen sugiriendo casi desde el inicio.

La magistrada, a través de una providencia de este miércoles, «al objeto de no generar indefensión a las partes», ha requerido al abogado de Salomé Pradas para que en el plazo de tres días aclare «qué propuesta de unificación pretende». Y si se incluyen tanto a las acusaciones particulares como populares. Y, sobre todo, los criterios que esa parte interesa para la unificación de las acusaciones «a la vista de las posturas claramente divergentes que se dedsprenden de solicitudes de prueba, recursos y adhesiones a los mismos».

Precisamente, la enorme cantidad de acusaciones, más de 40 según las fuentes consultadas, «está afectando al buen devenir del procedimiento y al derecho a un proceso, sin dilaciones indebidas, así como al derecho a la defensa de esta parte», según refleja en su escrito Eduardo de Urbano.

Achaca también a ello el abogado que «las notificaciones son, en más de una ocasión, tardías y deficientes, lo que ya ha ocasionado y puede seguir ocasionando una notoria indefensión». Y pone como ejemplo que la parte que representa a su defendida recibió la citación de una declaración, la de una testigo operaria del 112, dos días después de que ésta se produjera.

Y recuerda, también, que el Juzgado «ha reconocido» medfiante el auto del 24 de abril, que la cantidad de acusaciones personadas «hace imposible garantizar el carácter reservado de la instrucción y, por ende, impide el cumplimiento de lo dispuesto expresamente en el artículo 301 LeCrim» (Ley de Enjuciamiento Criminal). Recuerda Eduardo de Urbano que la agrupación de las acusaciones es una práctica admitida por el Tribunal Constitucional y que «en el presente supuesto, resulta necesaria y proporcionada». Y considera que procede, incluso, para las acusaciones populares personadas en la causa.