Comunidad Valenciana
INMIGRACIÓN ILEGAL

PP y Vox abren el camino en las Cortes Valencianas a hacer pruebas a los ‘menas’ para verificar su edad

Los 500 menas que alberga ahora la Generalitat Valenciana suponen un gasto individual al año en torno a los 35 millones de €

Vox plantea "pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente la edad" de los menas

La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera autonomía de España en aprobar en su parlamento autonómico una iniciativa dirigida a realizar pruebas para conocer la edad real de los inmigrantes que llegan solos y dicen ser menores sin que exista documentación que lo acredite, los llamados menas. Esta iniciativa, presentada por Vox como Proposición No de Ley (PNL) ante la Cámara ha salido adelante con el respaldo de los diputados del Partido Popular. Tanto PSOE como Compromís han votado en contra.

En concreto, la PNL de Vox propone que las Cortes Valencianas insten al Gobierno de la autonomía a «realizar a todos los inmigrantes ilegales no acompañados que se encuentran bajo la tutela de la Generalitat pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad, con el mínimo margen de error posible»

Y, reclama, también: «establecer un protocolo general para la determinación de la edad de los ilegales bajo tutela de la Generalitat, realizando pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta iliaca de la cadera (técnica Risser)».

El índice de Risser es una escala que se utiliza en medicina para evaluar la madurez del esqueleto de una persona, especialmente en relación con el crecimiento y el desarrollo de la columna vertebral.

En el caso de la Comunidad Valenciana, según ha adelantado OKDIARIO este 3 de octubre, la medida afectará a unos 500 menas. Y el objetivo que se busca con la misma es comprobar si de verdad esos supuestos menores tienen la edad que dicen tener cuando llegan. Y comprobarlo, además, por medio de un procedimiento científico que garantice la veracidad de los datos.

En esta autonomía, los centros de menores inmigrantes no acompañados están desbordados, con una sobreocupación del 170%. Cada uno de estos menores no acompañados supone a la Generalitat Valenciana un gasto de mantenimiento diario de unos 200 euros. Es decir, que mantener a los 500 menores no acompañados que actualmente hay en la Comunidad Valenciana cuesta 96.200 euros diarios. O, lo que es lo mismo, más de 35 millones de euros anuales.