El PP reclama en las Cortes prolongar la vida útil de Cofrentes frente a la negativa de Sánchez

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, a prorrogar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030: el año en que el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto desconectarla.

La iniciativa del PP, rubricada por su portavoz Juan Francisco Pérez Llorca y por Salvador Aguilella, se produce en paralelo a que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé haya rechazado, precisamente esa prórroga que reclama el Gobierno de Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat ha pedido una conjura valenciana para que Cofrentes siga dando servicio, porque de ella depende el 45% de la energía que llega a los hogares e industrias del territorio valenciano.

Este tema es el asunto que concita ahora el interés en la Comunidad Valenciana. Sobre todo, después de que el propio Carlos Mazón advirtiera que, caso de seguir adelante en sus planes el Gobierno de España, el precio de la luz crecerá «de repente» y la dependencia de Rusia y Argelia, también. Además, el cierre de Cofrente impedirá que la Comunidad Valenciana alcance uno de sus grandes objetivos: la soberanía energética.

En su PNL para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes, el PP sostiene que el desmantelamiento de la central es una decisión «arbitraria» que, además, «no tiene en cuenta las necesidades reales» de la Comunidad Valenciana. Y que «encarecerá las facturas energéticas para hogares e industrias y elevará las emisiones de CO2».

Recuerda que la propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y reto Demográfico en el Gobierno de España, Teresa Ribera, «pese a que en un primer momento se mostró partidaria de desmantelar las centrales nucleares en España, ha mostrado en las instituciones europeas su apoyo a la energía nuclear».

El PP destaca que la central nuclear de Cofrentes proporciona la energía necesaria para cubrir el consumo en dos millones de hogares. Y advierte que su cierre «privaría» a la Comunidad Valenciana «de la principal fuente de energía, lo que generaría incertidumbre en la planificación industrial y amenazaría la competitividad» de las empresas valencianas.