El PP exige que el Senado investigue el ‘caso Azud’ y que Puig comparezca: «Es un escándalo nacional»

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 01/02/2023 14:03
  • Actualizado: 03/02/2023 13:38

El Partido Popular presentará en las próximas horas la petición correspondiente para que el Senado de España abra «de manera inmediata» una comisión de investigación sobre el caso Azud y que el primer compareciente, una vez la Cámara apruebe la propuesta, sea el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig. El PP reclama, también, que los trabajos de la citada comisión acaben antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales fijadas el 28 de mayo de este 2023. El portavoz de los populares en la citada Cámara Javier Maroto ha justificado esta decisión de un modo contundente: «Es un escándalo nacional». 

El objeto de la citada comisión de investigación propuesta por el PP será el análisis de la presunta corrupción del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, su extensión a otras organizaciones en otras comunidades autónomas y, también, al conjunto del Partido Socialista.

Javier Maroto ha reclamado al PSOE que no le haga el «peor favor» a Ximo Puig: «Decir que no se aclare este asunto es decir que sí a que hay dudas evidentes sobre Ximo Puig». «Sólo entendemos la democracia si es una democracia limpia. Y la de Ximo Puig no huele a eso».

La decisión del PP sitúa a Ximo Puig entre la espada y la pared. El presidente valenciano ha evitado a toda costa dar explicaciones en sede parlamentaria a pesar de que los populares valencianos han solicitado reiteradamente que se active la comisión de investigación sobre este caso que ya está aprobada en las Cortes Valencianas. Javier Maroto ha advertido que si el PSOE de Pedro Sánchez no apoya ahora la comisión de investigación en el Senado estará «condenando» a Ximo Puig «políticamente».

El ‘caso Azud’ y el PSOE

El Jugado de Instrucción 4 de Valencia investiga el caso Azud. Un asunto que arrancó por los presuntos favores urbanísticos a cambio de supuestas comisiones en el marco del Ayuntamiento de Valencia. Una de sus piezas es la referida a la presunta financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE) en las elecciones municipales de 2007 en el citado Ayuntamiento y en las Generales de 2008 también en la circunscripción de Valencia, pero además, ha salpicado a Ximo Puig, cuya campaña para acceder a la secretaría general de los socialistas valencianos también se encuentra bajo sospecha.

Y es, precisamente, a esa pieza por la que el PP ha solicitado la comisión de investigación en el Senado esta misma mañana y ha exigido como primera comparecencia la del propio Ximo Puig: «Vamos a pedir que venga a declarar el primero. Ha fracasado intentando garantizar el suministro de agua para los valencianos y resulta que es ahora él quien se encuentra con el agua al cuello por la presunta irregularidad y la presunta corrupción que le rodea», ha dicho al respecto Javier Maroto.

Investigación en Valencia

Se da la circunstancia de que el PP reclamó también que el caso se investigara en la Diputación de Valencia, pero el PSOE y Compromís rechazaron también la propuesta. Ahora, el escándalo ha tomado una dimensión nueva, de carácter estatal, con la iniciativa anunciada hoy por Maroto en el Senado. 

No obstante, el PP ha solicitado a las Cortes Valencianas toda la documentación acerca de las visitas al Palau de la Generalitat -el despacho de Ximo Puig- del ex responsable de Finanzas del PSOE valenciano y actualmente imputado en el caso José María Pepe Cataluña, considerado como en la trama como uno de los presuntos conseguidores.

Y ha solicitado también los registros de acceso del citado Pepe Cataluña a otras consejerías, así como los motivos que impulsaron sus visitas, tanto a Ximo Puig como a otros altos cargos del gobierno tripartito valenciano. Lo populares valencianos, que se han hartado de los continuos silencios de Ximo Puig en torno a este caso, han pedido también los contratos que empresas supuestamente ligadas al yerno del propio Cataluña pudieron establecer con la Administración autonómica.