La otra asfixia de Sánchez: 3.900 hm3 del Tajo se pierden en Portugal mientras niega 180 a Alicante
El acuerdo de Albufeira es de 2.700 hectómetros cúbicos, pero lo que se envía son 6.616 y de ellos 3.900 acaban en el mar
La asfixia a la que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez somete a la Comunidad Valenciana no se limita a asuntos de la enorme gravedad de no conceder hasta la fecha el fondo de liquidez autonómica extraordinario, lo que se conoce como el extra FLA, de 2.450 millones de euros en el año de arranque de la recuperación tras la DANA, sino que también alcanza suministros básicos para la economía, el empleo y la agricultura. Concretamente, el agua. Así, mientras un total aproximado de 3.900 hectómetros cúbicos (hm3) de agua del río Tajo se pierden en Portugal y terminan en el Atlántico, el Ejecutivo de Sánchez niega a la Comunidad Valenciana, y más concretamente al sur de la provincia de Alicante, 180 hm3 que el trasvase Tajo-Segura necesita para garantizar el riego, la economía, el empleo y el medio ambiente de su entorno.
El Convenio de Albufeira es un acuerdo firmado entre España y Portugal en 1998 para la administración y el uso de las cinco cuencas hidrográficas que comparten ambos países. Ese acuerdo establece la llegada a Portugal de 2.700 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, según confirman a OKDIARIO fuentes de la Generalitat Valenciana, en la actualidad lo que llega a Portugal son 6.616 hectómetros cúbicos. Es decir, 3.916 más de lo inicialmente acordado.
Según las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, éste se reducirá en un 40% de cara a 2027. Pero, este proceso se ha adelantado y va a ser «inminente». Así, la reducción por los recortes del trasvase es de 180 hectómetros cúbicos, que son los que el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha manifestado que son los que corresponden a este territorio «por ley, justicia y solidaridad».
Los recortes de Sánchez al trasvase Tajo-Segura son los que Miguel Barrachina ya ha calificado de «sentencia de muerte» para la agricultura en todo el sureste español. Y ello porque, según los datos de la propia Consellería, afectarán a 10 millones de árboles y pondrán en riesgo un total de 15.000 empleos. Según agricultores y administración autonómica esos recortes hídricos harán perder 6.000 millones de euros.
Esos 6.000 millones de euros de pérdidas, por ejemplo, equivalen al 20% del presupuesto total que necesita la Comunidad Valenciana para el plan la recuperación tras la DANA. Una cantidad enorme de dinero. Otro parámetro para hacerse a la idea de lo que suponen esas pérdidas: el presupuesto de la Sanidad pública valenciana este 2025 ronda los 7.600 millones de euros.
Frente a todo ello, la Generalitat Valenciana destinará este mismo año un total de 99 millones de euros para inversiones en infraestructuras hídricas. Una cantidad que en sí misma supone un incremento del 60% respecto al año anterior, 2024. El incremento de esa inversión tiene por objeto «garantizar el futuro de la agricultura valenciana». Y se produce también «frente a la falta de inversiones del Gobierno de España».
Este 25 de mayo, Barrachina ya denunció que la Confederación Hidrográfica del Júcar, un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, tenía previsto repercutir un coste de 45 millones de euros a los regantes del Júcar y el Turia por las obras de reconstrucción de infraestructuras dañadas en la DANA, lo que el conseller calificó entonces como «un agravio intolerable».
La Generalitat Valenciana ha solicitado, por boca también de Miguel Barrachina, al Gobierno de España que «cese en su castigo» a las Comunidades «por pura ideología política». Y que garantice los caudales y los fondos para asegurar el «presente y futuro» del sector agrario en la Comunidad Valenciana. Pero, de momento, el agua que necesita el trasvase Tajo-Segura se pierde en el océano en Portugal.
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