Las organizaciones agrarias no se rinden con el Tajo-Segura y lo suman a su gran protesta del 16F

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 12/02/2024 16:55
  • Actualizado: 12/02/2024 16:55

El campo alicantino no se rinde en su permanente reivindicación del agua del trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura que ha sufrido hasta 27 recortes desde que el socialista Pedro Sánchez preside el Gobierno de España. El agua del Tajo-Segura y las obras del post trasvase Júcar-Vinalopó conforman la segunda de las 10 reivindicaciones en la tabla de la gran protesta que cinco organizaciones agrarias llevarán a cabo este viernes 16 de febrero en tres puntos de la provincia de Alicante.

Esas organizaciones son: Asaja-Alicante, Asociación Valenciana de Agricultores AVA-Asaja, La Unió Llauradora y Ramadera (Unión Agricultora y Ganadera), la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV).

La gran protesta de las organizaciones agrarias de Alicante incluye tres concentraciones, con dos cortes de autovía. Uno, en la autovía que une Alicante con Madrid a la altura de la localidad de Villena, en el Alto Vinalopó.

Y, otro, a la altura del municipio de San Isidro, en el corazón de la Vega Baja, lindando con la Región de Murcia. Además, está previsto un tercer corte en la comarca de La Montaña, la de Alcoy. A los tres cortes de carretera sucederán otras tantas tractoradas.

Tabla reivindicativa

El objetivo de estas cinco organizaciones es que sus reivindicaciones y su protesta se oigan con claridad en Madrid. Por ello, han elaborado una tabla reivindicativa de diez puntos, que tiene como primera cuestión la de revalorizar la actividad agraria en su conjunto.

A continuación, reivindican soluciones al problema del agua en Alicante, con una planificación hidrográfica solidaria y eficiente, que garantice el regadío sostenible. Reclaman el Tajo-Segura y la activación del trasvase Júcar-Vinalopó con las obras del post trasvase. Piden, también, garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y que se dote de más recursos humanos para la inspección de oficio.

Y, así, hasta diez puntos, que incluyen, a su vez: reciprocidad y preferencia comunitaria; un nuevo plan de la Política Agraria Común (PAC) y paralización del cuaderno electrónico; plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción garantizando los precios justos en origen y simplificación administrativa y burocrática para el agricultor y el ganadero.

Reclaman una reducción de la presión fiscal de la agricultura, la ganadería y las empresas del sector, así como mayores incentivos fiscales y laborales y una financiación tipo 0, con una legislación laboral y de seguridad social acorde a la realidad del sector, en la que se tenga en cuenta la eventualidad del campo;  sistema nacional de seguros agrarios y apoyo reforzado a la incorporación de jóvenes agricultores.