Comunidad Valenciana
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

La juez sienta en el banquillo a Carlos Fabra por ocultación de su patrimonio

Fabra también será juzgado por un delito de cohecho por el supuesto cobro de comisiones

Un juzgado de Castellón ha abierto juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, en el marco de la causa sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del ex dirigente del PP.

La magistrada ha requerido a todos ellos para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros para asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, señalan este jueves desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Se da la circunstancia de que Fabra se enfrenta ya este año a otro juicio: la Sección Primera de la Audiencia provincial le juzgará por un delito de cohecho por el supuesto cobro de comisiones en patrocinios vinculados al aeropuerto de Castellón, entre el 16 y el 22 de mayo próximos y por el procedimiento del jurado.

Fabra ya fue condenado en 2013 por un delito fiscal a cuatro años de prisión y a una multa de 1,4 millones de euros. En 2020 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón certificó que quedaba pendiente el pago de 1,03 millones de esta multa.

En mayo de 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Castellón señalaba que con «la finalidad de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y ante la Administración de Justicia», Carlos Fabra, desde su encausamiento en 2004, «urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, de sus hijos (Claudia y Borja), de su yerno, y de terceras personas» e hizo uso de diversas «sociedades pantalla», y de manera «no habitual» cooperaron Fernando Roig y su hijo Fernando Roig Negueroles.

El auto conocido ahora del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón señala a la Audiencia Provincial como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de alzamiento de bienes/insolvenvencia punible, y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.

Contra este auto solo cabe recurso de reforma ante el propio juzgado o de queja ante la Audiencia Provincial exclusivamente en relación con la situación personal de los encausados, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los acusados

Junto a Carlos Fabra figuran como acusados cuatro de sus familiares y cinco empresarios: Fernando Roig Alfonso, su hijo Fernando Roig Negueroles, Alejandro L.H., Miguel Pérez y Enrique Gimeno, además de siete empresas como personas jurídicas.

En mayo de 2021, en este mismo caso, la Fiscalía Anticorrupción de Castellón pidió una pena de prisión de 12 años para Fabra por presuntamente urdir una trama de ocultación patrimonial a través de diversas empresas y con la colaboración de su familia y de diversos empresarios para no hacer frente a los pagos reclamados por el juzgado tras haber sido condenado a cuatro años de prisión y una multa de 1,4 millones.

Le acusaba entonces de los delitos de insolvencia punible, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales cohecho y pedía además imponer una multa de más de tres millones de euros así como la adopción de «medidas cautelares contra los acusados, exigiéndoles fianza suficiente para asegurar el pago de las responsabilidades».

El ex mandatario del PP permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014, por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.